La iniciativa contó con los votos favorables de ERC, CiU y PNV y
los votos en contra del PSOE. Esta iniciativa no supone una
obligación pero sí una recomendación al Gobierno que debería por
ética moral llevarla a cabo, según se establece en el espíritu del
sistema de separación de poderes.
Durante su intervención, el diputado ibicenco Enrique Fajarnés
puso de manifiesto las sucesivas reivindicaciones que se han
producido a lo largo de 1980 con nulo efecto. «Esta es una petición
unánime de la sociedad formenterense respaldada por sus
instituciones, los partidos políticos, organizaciones sindicales y
patronales y demás colectivos. No es una demanda porque sí, es una
reivindicación justa», dijo Fajarnés, quien calificó este hecho de
«discriminación importante».
El parlamentario afirmó que Formentera es la única isla española
que no cuenta con partido judicial y que la inexistencia de dicho
partido o juzgado de instrucción conlleva efectos negativos que en
este caso son agrandados por la triple insularidad. «El Estado
tiene la obligación de prestar unos servicios a unos ciudadanos que
por ser isleños se ven perjudicados a la hora de acceder a la
Justicia», señaló el diputado.
Formentera cuenta con un censo de 7.600 habitantes que durante
los meses de verano se incrementa a más de 40.000 habitantes. A
este dato, se suma el hecho de que la isla de Hierro, que cuenta
con un partido judicial, tramitó en 1996 un total de 284 casos
frente a los 464 de Formentera.
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