Andrés L.A., de 33 años, fue detenido por la Guardia Civil después
de que investigaciones llevada a cabo por la unidad de Policía
Judicial determinaran su posible relación en cuatro casos de acoso
de sexual de los que supuestamente fueron víctimas cuatro empleadas
de un supermercado de la cadena 'SYP' de Formentera.
El sospechoso, en concreto, era el máximo responsable de este
establecimiento y, como encargado, había venido a ocupar la plaza
de otra persona que, como ya se informó en su día, fue arrestada
hace tres años por simular atracos en el supermercado para
justificar al menos en dos ocasiones la falta de destacadas
cantidades de dinero.
La detención de Andrés L.A. tuvo lugar precisamente después de
que la Guardia Civil investigara la posible veracidad de una
denuncia presentada por una mujer que trabajaba en este local y que
se interpuso en el juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa,
lugar donde había interpuesta otra denuncia de una segunda afectada
en iguales términos.
Las gestiones emprendidas por los agentes para ahondar en esta
cuestión sirvieron para descubrir que otras dos antiguas
trabajadoras habían hecho lo mismo en Pontevedra y Cuenca. Durante
las pesquisas se comprobó que los testimonios de las perjudicadas
hacían referencia a situaciones vejatorias y provocativas que se
habían sucedido en el transcurso de un año a esta parte y que
éstas, a su vez, también conllevaban amenazas. Según al menos una
denuncia, el sospechoso llegó a hacerse una fotografía de sus
genitales empleando la cámara de su teléfono y tras llamar a su
víctima se la exhibía.
Andrés L.A., que al parecer se halla ahora de baja psicológica,
fue puesto en libertad después de que los agentes recogieran su
testimonio, informaran de ello al juez y le dejaran claro al
sospechoso que tenía que acudir al juzgado cuando fuera
reclamado.
Un juzgado de lo Penal de la isla resolvió a principios de este
año con una multa de 2.160 euros e indemnizaciones de 4.200 euros
otros caso de acoso sexual en un supermercado de las Pitiüses y en
el que se consideró probado que había dos víctimas. El juzgado, en
concreto, dio la razón a dos empleadas de un supermercado de Sant
Antoni que afirmaron que el jefe de la sección de carnicería estaba
continuamente haciéndoles provocaciones sexuales de todo tipo. En
la sentencia, se consideró como cierto que al menos una de las
afectadas tuvo que soportar esta situación desde diciembre de 2001
a abril de 2003. Meses después la propia dirección del 'súper'
despidió al denunciado. En la investigación interna, aparecieron
otros tres casos más.
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