La Policía Local de Sant Josep, en una imagen de archivo, detuvo a la sospechosa.

La acusada, ahora de 56 años, tendrá que sentarse en el banquillo como supuesta autora de un incendio que tuvo lugar en la tarde del 19 de septiembre de 2001 y que pudo ser atajado a tiempo antes de que las llamas se expandieran por el resto del hotel Milord de Cala Bou poniendo en peligro la vida de los clientes y trabajadores que se hallaban en el inmueble. Se da la circunstancia de que un empleado de este mismo establecimiento hotelero fue juzgados dos años después por la Audiencia como supuesto autor de al menso dos incendios que se declararon en el verano de 2002. Anna Karin E.K., como se estimó en el caso anterior, también tenía sus facultades mentales cuando presuntamente ocasionó el fuego por el que va a tener que responder ante la Audiencia Provincial en una nueva visita del tribunal a la isla.

El propio fiscal recoge en su escrito de acusación que su «conciencia y voluntad [estaban] notablemente disminuidas a causa de la previa ingesta de bebidas alcohólicas». Sin embargo, el ministerio público entiende también que la sospechosa prendió fuego a dos cortinas del establecimiento «con ánimo de menoscabar y conociendo que en ese momento un número indeterminado de clientes y trabajadores del indicado establecimiento se encontraban en el mismo». Las llamas pudieron ser extinguidas después de que hubieran quemado ventanas y rieles. A Anna Karin E.K., que se enfrenta a tres años de prisión, se le juzga asimismo por romper los precintos de dos extintores y los cristales de dos alarmas. En total, los daños superaron las 200.000 pesetas y motivaron su detención a manos de la Policía Local de Sant Josep.

Más graves fueron los hechos que un año después se imputaron a un empleado del hotel, detenido por la Guardia Civil tras una investigación que concluyó con la confesión del detenido. Dicha persona, aquejada de graves problemas písquicos, fue juzgada un año después por la Audiencia Provincial por al menos dos incendios en el hotel ocurridos en un periodo de tiempo de nueve días. En uno de ellos fue preciso desalojar a 300 personas. El pirómano se jugaba seis años de cárcel pero el tribunal, tras un acuerdo entre las partes, falló que lo más conveniente era que éste se sometiera a un tratamiento psiquiátrico en régimen interno que debía durar dos años.