El acuerdo judicial se materializó ayer en el juzgado de
Instrucción número 4 de Eivissa después de que la acusada, una
mujer que realizó tareas administrativas para la antigua Cámara
Oficial de Propiedad Urbana hasta que esta entidad se transformó en
el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), reconociera
explícitamente un proceder irregular que le permitió disponer
indebidamente de 164.376 euros.
La decisión, con el acuerdo entre las partes, se adoptó teniendo
en cuenta que la propia imputada colaboró con la Justicia y
reintegró la mayor parte del dinero que se apropió una vez que todo
quedó al descubierto, agilizando el proceso.
Dicha persona, que aceptó una pena de dos años de prisión por el
delito de malversación de caudales públicos, a instancias del
Tribunal de Cuentas, devolvió al Ibavi 100.279 euros. El acuerdo
judicial que suscribió le obliga también ahora a responder
civilmente con el resto de la cantidad consignada y que restaba por
reintegrar: 64.096 euros.El caso, que se llevaba por la Ley del
Jurado, pasa ahora a la Audiencia, tribunal que finalmente
formalizará la sentencia y la condena.
La investigación judicial, para aclarar este asunto, tuvo que
remontarse a 1995, cuando la acusada realizaba tareas de auxiliar
administrativa en la antigua Cámara Oficial de la Propiedad Urbana.
Desde esta fecha, y tras convertirse dicha entidad en la Cambra de
la Propietat Urbana de les Illes Balears para luego finalmente
transformarse en el Ibavi, hasta bien avanzado 2001, tuvo la
responsabilidad de recaudar la finanzas constituidas por los
arrendadores con motivo de la celebración de contratos de alquiler
urbanos sobre fincas de dicha naturaleza.
Según la investigación judicial, dicha persona fue disponiendo
durante todo este tiempo ilícitamente de distintas cantidades de
las que hacía uso.
Ella, asimismo, se encargaba de devolver el importe de las
fianzas que eran canceladas con otras nuevas que eran depositadas.
Todo esto se realizó sin que hubiera una contabilidad precisa.
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