La investigación que en su día realizó la Guardia Civil y que se
concretó en enero de 2001 se saldó con un total de tres detenidos,
un joven de 27 años y dos hermanos , un varón de 19 años y una
chica de 17. Esta última fue una de las primeras personas que en su
momento se benefició de la puesta en marcha de la Ley del Menor.
Por eso, su caso queda sujeto a lo que decida la Sección de Menores
del TSJ. Los otros dos imputados, sin embargo, tendrán que sentarse
en el banquillo para jugarse fuertes penas de prisión tras
acusárseles formalmente de una docena de robos y de las sustracción
de objetos valorados en más de 180.000 euros, principalmente
joyas.
El principal acusado debe responder de once de los robos que la
Guardia Civil pudo documentar con total precisión en su atestado.
El fiscal reclama para este acusado condenas que suman 35 años y
medio de cárcel. El otro acusado se enfrenta a siete años por dos
asaltos domiciliarios entre los que, casualmente, se hallaba la
casa de un juez de la isla. La Guardia Civil, a través sobre todo
de su unidad de Policía Judicial, pudo relacionar a ambos
individuos con una sucesión de robos en chalets y urbanizaciones de
Santa Eulària, Sant Antoni y Sant Josep que tuvo lugar en el
segundo semestre de 2000.
En su día se sospechó de que los implicados, muy posiblemente en
compañía de otros jóvenes delincuentes, estaban detrás del 75 de
robos en casas que sufrió la isla durante este periodo, aunque
finalmente sólo se les haya acusado de una docena de casos. En el
propio juzgado se hizo constar el empeño de la Guardia Civil en la
correcta resolución de su atestado para poder impulsar una causa
muy compleja por el gran número de asaltos que hubo que
aclarar.
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