Los bomberos ha intervenido este mes en numerosos incendios provocados.

Los bomberos ha intervenido este mes en numerosos incendios provocados.

J. J. Monerri15/10/04 0:00
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La sucesión de incendios presuntamente intencionados en distintos puntos en la isla desde que comenzó el mes de octubre constituyen ya materia para una causa judicial.

Las pesquisas y actuaciones que se han desde este juzgado, al parecer el número 3, son distintas a las que se van a llevar desde número 1. Este último juzgado se va a encargar de instruir la causa del vecino de Sant Joan que fue detenido el día 4 tras un fuego intencionado en Sant Vicent. Este suceso se ha relacionado, en un principio, a una venganza por lo que, conjuntamente al hecho de que hubiera otros incendios posteriores al arresto de este sospechoso, han motivado que se instruya como una causa aparte.

Estos fuegos, ocurridos todos ellos en el municipio de Santa Eulària, a excepción del habido este pasado lunes en el Camí de sa Vorera, forman parte de la investigación que va a llevar a cabo uno de los juzgados.

Todo ello con el fin de esclarecer si hay alguna relación con las supuestas actividades incendiarias que se le han atribuido a David S.N., el joven de Sant Mateu que fue apresado por la Policía Local de Sant Antoni tras el último de los incendios registrados. El sospechoso, como ya se informó, ingresó anteayer tarde en prisión en régimen de preventivo tras el atestado realizado exclusivamente por su supuesta vinculación con lo sucedido en sa Vorera. Sin embargo, el juzgado va a intentar esclarecer ahora si existen hechos coincidentes con otros dos incendios ocurridos el mismo día (en Jesús y Cala Llonga) y con otros dos que se declararon en Santa Gertrudis. Estos últimos, originados en un espacio inferior al kilómetro, fueron extinguidos en la carretera de Sant Miquel y en la de Sant Llorenç. En todos ellos se recogieron indicios sobre la intencionalidad del fuego, así como otras pistas que es preciso analizar para ver si guardan relación con el sospechoso. Entre estas pruebas figura la posibilidad de que se utilizaran líquidos altamente inflamables o combustibles. Uno de los problemas a los que se enfrenta la investigación es que estas evidencias no se encontraron en todos los incendios.

Los dos acusados pueden acabar sentándose en el banquillo para ser juzgados ante un jurado y jugarse penas de uno a cinco años de prisión.