Los dos lotes de relojes falsificados que fueron interceptados en
el aeropuerto de Eivissa fueron fabricados en el corazón del barrio
chino de Nueva York , una zona más conocida como Chinatown y que
figura como una de las principales 'distribuidores' de imitaciones.
Pero su destino final eran los clientes de un vendedor senegalés
que hace su temporada en Sant Antoni. Iba a vender cada uno de
ellos supuestamente a 12 euros, muy lejos de los 36.000 euros que
hubieran alcanzado en su conjunto los 200 relojes requisados si
hubieran sido auténticos.
Por todo ello, N.N., quien dijo haber comprado los relojes en
Nueva York, tuvo ayer que sentarse en el banquillo de un juzgado de
lo Penal de Eivissa acusado de un presunto delito contra la
propiedad industrial. Cartier pide una indemnización de 36.000
euros más otros 1.500 por los daños morales causados. Del mismo
modo, se requiere una condena de un año y medio de cárcel para el
presunto vendedor, una pena que también solicita el fiscal. «No se
trata en sí de meter a nadie en la cárcel. Lo que queremos es parar
esto porque causa grandes perjuicios», explicó la abogada de la
firma Cartier. Los argumentos de las defensas en este tipo de
casos, por contra, siempre son similares. A su juicio, no se comete
ningún fraude contra la propiedad industrial porque la persona que
adquiere las falsificaciones a bajo precio es, en teoría,
consciente de que no está haciéndose con un producto real y con la
calidad que corresponde a su verdadera marca.
Ante ello, un responsable de Cartier que testificó en el juicio
señaló que, pese a todo, «luego viene un chorreo continuo de
reclamaciones y nosotros no podemos hacer nada porque no nos
podemos responsabilizar de esas imitaciones». «Los clientes buscan
exclusividad. Está estudiado que esto causa un descenso de las
ventas y un daño a la imagen», añadió.
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