La delegada del Gobierno en las Pitiüses, Marienna
Sánchez-Jáuregui, remitirá el próximo lunes al Ayuntamiento de Sant
Antoni, la serie de instrucciones necesarias para instalar un
sistema de videovigilancia en este municipio.
Sánchez-Jáuregui solicitó la semana pasada a su homóloga en
Palma, Catalina Cirer, un informe con los requisitos pertinentes
para instalar videocámaras.
«En dos días», dijo ayer la delegada del Gobierno en las
Pitiüses, «recibiré este informe de Palma y se lo remitiré al
alcalde de Sant Antoni». Fue este alcalde, Antoni Marí Tur, el
primero y hasta ahora único que ha solicitado a Sánchez-Jáuregui la
instalación de un sistema de cámaras-espía. La implementación del
sistema en Sant Antoni corresponderá al próximo alcalde, José Sala,
del PP, al igual que Marí Tur.
Aunque el Ayuntamiento de Eivissa ha mostrado en numerosas
ocasiones su disposición a instalar las videocámaras en los puntos
más conflictivos de la ciudad, Sánchez-Jáuregui dijo ayer que no ha
recibido petición formal por parte del Consistorio de la capital de
las Pitiüses.
En cualquier caso, una vez que Sánchez-Jáuregui haya recibido la
información, el trámite de remitirla a los municipios interesados
será muy rápido.
En Sant Antoni se pretenden instalar cámaras-espía en la zona
del West-End y el lugar de recepción en el que se monitorearán las
imágenes en el paseo marítimo. En Eivissa se habló de instalar este
tipo de cámaras, encaminadas a reducir la delincuencia, en la zona
del puerto y en Platja d'en Bossa.
Los trámites necesarios para poner en marcha este sistema
resultan bastante lentos si tenemos en cuenta el precedente de
Mallorca (en el área de Platja de Palma), donde se iniciaron la
temporada pasada y aún no está en funcionamiento.
Una vez concedido a través de pleno el permiso municipal, se ha
de crear una comisión judicial con arreglo a la ley orgánica que
regula este polémico sistema de vigilancia que roza lo
inconstitucional.
Después hay que organizar y coordinar a los distintos cuerpos
policiales que colaborarían en el monitoreo de las imágenes y en
las actuaciones que podrán derivarse [en el caso de Sant Antoni,
Policía Local y Guardia Civil y en el caso de Eivissa, Policía
Local y Cuerpo Nacional de Policía].
A la vez, habría que ir construyendo la infraestructura
necesaria para instalar las cámaras y la caseta de recepción.
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