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La delegada del Gobierno en las Pitiüses, Marienna Sánchez-Jáuregui, remitirá el próximo lunes al Ayuntamiento de Sant Antoni, la serie de instrucciones necesarias para instalar un sistema de videovigilancia en este municipio.

Sánchez-Jáuregui solicitó la semana pasada a su homóloga en Palma, Catalina Cirer, un informe con los requisitos pertinentes para instalar videocámaras.

«En dos días», dijo ayer la delegada del Gobierno en las Pitiüses, «recibiré este informe de Palma y se lo remitiré al alcalde de Sant Antoni». Fue este alcalde, Antoni Marí Tur, el primero y hasta ahora único que ha solicitado a Sánchez-Jáuregui la instalación de un sistema de cámaras-espía. La implementación del sistema en Sant Antoni corresponderá al próximo alcalde, José Sala, del PP, al igual que Marí Tur.

Aunque el Ayuntamiento de Eivissa ha mostrado en numerosas ocasiones su disposición a instalar las videocámaras en los puntos más conflictivos de la ciudad, Sánchez-Jáuregui dijo ayer que no ha recibido petición formal por parte del Consistorio de la capital de las Pitiüses.

En cualquier caso, una vez que Sánchez-Jáuregui haya recibido la información, el trámite de remitirla a los municipios interesados será muy rápido.

En Sant Antoni se pretenden instalar cámaras-espía en la zona del West-End y el lugar de recepción en el que se monitorearán las imágenes en el paseo marítimo. En Eivissa se habló de instalar este tipo de cámaras, encaminadas a reducir la delincuencia, en la zona del puerto y en Platja d'en Bossa.

Los trámites necesarios para poner en marcha este sistema resultan bastante lentos si tenemos en cuenta el precedente de Mallorca (en el área de Platja de Palma), donde se iniciaron la temporada pasada y aún no está en funcionamiento.

Una vez concedido a través de pleno el permiso municipal, se ha de crear una comisión judicial con arreglo a la ley orgánica que regula este polémico sistema de vigilancia que roza lo inconstitucional.

Después hay que organizar y coordinar a los distintos cuerpos policiales que colaborarían en el monitoreo de las imágenes y en las actuaciones que podrán derivarse [en el caso de Sant Antoni, Policía Local y Guardia Civil y en el caso de Eivissa, Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía].

A la vez, habría que ir construyendo la infraestructura necesaria para instalar las cámaras y la caseta de recepción.