Rafael Catalá Polo (en la imagen, a la derecha), durante la visita realizada a Balears en la mañana de ayer.

EUGENIO RODRÍGUEZ/PEP TUR
El secretario de Estado de Justicia, Rafael Catalá Polo, aseguró ayer en Eivissa que los Presupuestos Generales del Estado para el bienio 2004-2005 contarán con una partida referente a la implantación en la isla de un nuevo edificio de los juzgados, una situación para la que, afirmó, las unidades técnicas del Ministerio de Justicia «están estudiando alternativas» para contar con él. Según Catalá, son dos las posibilidades existentes: por una parte, la «identificación de un solar adecuado para edificar un nuevo inmueble» o, por otra, «que se utilice alguno de los edificios actuales de la Administración General del Estado, realizando las adaptaciones necesarias».

Para el secretario de Estado de Justicia, la segunda de las alternativas parece ser «la opción más adecuada», aunque no quiso desvelar, pese a mencionar la antigua Delegación del Gobierno -«casi sería más costoso adecuarla que levantar una edificación de nueva planta», apuntó-, cuál sería ese edificio.

Catalá explicó durante su breve estancia en el Ayuntamiento de Eivissa que aún no se conoce la dotación exacta de la partida para los nuevos juzgados, pero que desde el Ministerio de Justicia son «plenamente conscientes de que la administración de la justicia requiere de buenos jueces, fiscales y funcionarios, pero también de nuevas tecnologías y un entorno adecuado» y, refiriéndose a las instalaciones ibicencas, reconoció la necesidad «de un edificio más acorde con las exigencias actuales, que cuente con suficientes salas de vistas».

En referencia al volumen de trabajo, Catalá Polo relató que, según las estadísticas elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y tras la reciente creación del séptimo juzgado de Primera Instancia e Instrucción, «la planta judicial en este momento en Eivissa es adecuada a las cargas de trabajo y a las demandas. De hecho, se están resolviendo tantos o más asuntos de los que presentan los ciudadanos ante los juzgados en España en general, y en particular en Balears y en Eivissa también». Antes de llegar a la isla, Catalá visitó Mallorca, donde indicó que, en Balears, se habían resuelto en 2002 un total de 90.700 asuntos, cuando los que ingresaron en dicho periodo fueron 89.900.

Catalá Polo se refirió igualmente a la próxima implantación de los juicios rápidos en toda España, indicando que la misma implica una serie de reformas, como la referida a las guardias judiciales, que pasarán de ser de una semana a ocho días. «Esto permitirá -explicó- que dos jueces de guardia se solapen un día, con lo que uno de ellos podrá dar salida a los juicios de faltas acumulados durante la misma». «Se trata de tramitar más rápidamente los mismos asuntos», añadió. De este modo, el secretario de Estado de Justicia pareció refutar las exigencias de jueces y funcionarios ibicencos, quienes solicitan guardias de 24 horas para poder afrontar los juicios rápidos con garantías.