Para el secretario de Estado de Justicia, la segunda de las
alternativas parece ser «la opción más adecuada», aunque no quiso
desvelar, pese a mencionar la antigua Delegación del Gobierno
-«casi sería más costoso adecuarla que levantar una edificación de
nueva planta», apuntó-, cuál sería ese edificio.
Catalá explicó durante su breve estancia en el Ayuntamiento de
Eivissa que aún no se conoce la dotación exacta de la partida para
los nuevos juzgados, pero que desde el Ministerio de Justicia son
«plenamente conscientes de que la administración de la justicia
requiere de buenos jueces, fiscales y funcionarios, pero también de
nuevas tecnologías y un entorno adecuado» y, refiriéndose a las
instalaciones ibicencas, reconoció la necesidad «de un edificio más
acorde con las exigencias actuales, que cuente con suficientes
salas de vistas».
En referencia al volumen de trabajo, Catalá Polo relató que,
según las estadísticas elaboradas por el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), y tras la reciente creación del séptimo juzgado de
Primera Instancia e Instrucción, «la planta judicial en este
momento en Eivissa es adecuada a las cargas de trabajo y a las
demandas. De hecho, se están resolviendo tantos o más asuntos de
los que presentan los ciudadanos ante los juzgados en España en
general, y en particular en Balears y en Eivissa también». Antes de
llegar a la isla, Catalá visitó Mallorca, donde indicó que, en
Balears, se habían resuelto en 2002 un total de 90.700 asuntos,
cuando los que ingresaron en dicho periodo fueron 89.900.
Catalá Polo se refirió igualmente a la próxima implantación de
los juicios rápidos en toda España, indicando que la misma implica
una serie de reformas, como la referida a las guardias judiciales,
que pasarán de ser de una semana a ocho días. «Esto permitirá
-explicó- que dos jueces de guardia se solapen un día, con lo que
uno de ellos podrá dar salida a los juicios de faltas acumulados
durante la misma». «Se trata de tramitar más rápidamente los mismos
asuntos», añadió. De este modo, el secretario de Estado de Justicia
pareció refutar las exigencias de jueces y funcionarios ibicencos,
quienes solicitan guardias de 24 horas para poder afrontar los
juicios rápidos con garantías.
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