Son unos trescientos en invierno, aunque esta cifra se multiplica
en cuanto llega el verano. Pero los agentes de seguridad privada
ven como algunos servicios en las Pitiüses son ocupados por
empresas piratas que no cumplen con los requisitos establecidos por
la ley para el desarrollo de esta función. Esta es sólo una de las
reivindicaciones de este colectivo, en palabras de Vicent Marí
Boned, responsable de prensa de la recién creada Agrupación de
Vigilantes de Seguridad Privada adscrita a CC OO.
Para contrarrestar esta mala imagen que puede recibir el sector en
ocasiones puntuales, Marí relata cómo vigilantes de seguridad se
incautaron el pasado verano de 950 éxtasis en Sant Antoni, o de
cómo deben soportar todo tipo de amenazas y se ven envueltos en
persecuciones por robos o en reyertas en los que deben enfrentarse
a agresores armados con arma blanca. Una situación que el propio
Marí conoce perfectamente: «Sorprendí a un hombre durante un robo
en Platja d'en Bossa. Durante el forcejeo me fracturó un dedo
mientras otro individuo intentaba clavarme una navaja». Marí estuvo
una temporada de baja debido al incidente.
Para Marí, entre las reclamaciones impulsadas por la vigilancia
privada debe estar la de recuperar el estatus de agentes de la
autoridad -retirada por el Gobierno durante la época socialista-,
una situación que, actualmente, sólo disfrutan aquellos vigilantes
que cumplen su servicio en los Juzgados de Eivissa. Marí indica que
dicha categoría es lógica, puesto que este cuerpo depende, en
cuanto a regulación, del Ministerio del Interior, a través de la
Dirección General de la Policía. Englobada en esta misma petición,
la vigilancia privada también pretende lograr que no figure el
nombre del agente en las citaciones judiciales, sino tan sólo su
número de placa, al igual que los miembros de la Guardia Civil y
del Cuerpo Nacional de Policía.
«No nos parece lógico que los delincuentes puedan conocer
nuestro nombre completo y así tenernos identificados cuando debamos
comparecer en un juicio», apunta Marí.
Empresas piratas
En el trasfondo de esta situación se encuentra el mencionado
problema de las empresas piratas y de «algunos funcionarios
públicos que efectúan vigilancias fuera de su horario de trabajo,
cuando no pueden hacerlo por incompatibilidad entre las dos
tareas». Así, los agentes de seguridad privada buscan «un mayor
reconocimiento para luchar contra este intrusismo», remarca el
responsable de prensa de la Agrupación.
La proliferación de las empresas fraudulentas tiene que ver,
señala Marí, con el incremento de la demanda de este tipo de
servicios en Eivissa, mientras que el Ministerio del Interior no
convoca más plazas oficiales. En este sentido, Marí no duda en
afirmar que «la vigilancia debe ser legal».
En este sentido, considera que «en las empresas piratas puede
haber gente que no conozca la ley y pueden cometer actos fuera de
la misma que afectan posteriormente a todo el sector, el cual
aparece luego muy mal parado en los medios de comunicación y ya se
da por supuesto que todos los vigilantes actúan de ese modo».
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