Una decena de afectados declararon el pasado viernes ante el
Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa dentro de las
actuaciones judiciales que se llevan a cabo para investigar si
existen indicios de un posible delito de estafa y falsificación
documental en una disposición de 585 millones de pesetas que se
realizó con motivo de la construcción de un hotel en Sant Antoni.
Los perjudicados ahora reclaman cantidades en total cercanas a
los 300 millones de pesetas. Las acusaciones concretas son contra
los apoderados de la sociedad «Paraíso Mediterráneo», el de la
entidad mercantil GDS-Sociedad de Crédito Hipotecario y la Caja de
Barcelona, esta última ya absorbida por 'la Caixa' y a la que
presuntamente se responsabiliza subsidiariamente.
Los hechos que se investigan en dicho juzgado se remontan a 1988
cuando Paraíso Mediterráneo S.A. promovía en Sant Antoni la
construcción de un hotel con 450 habitaciones, un proyecto que
requirió en su día una inyección económica de 900 millones de
pesetas y que pasó por distintas vicisitudes hasta que 'la Caixa'
ejecutó, al parecer, la hipoteca y se adjudicó en subasta el
inmueble, según la información recogida por este periódico. Otro
juzgado de Eivissa, el número 4, intervino en las actuaciones que
se iniciaron tras producirse la quiebra.
El comisario de la quiebra presentó una querella por una
supuesta falsedad y estafa hace unos diez años al entender que se
había dispuesto de 585 millones e ingresado en la Caja de Barcelona
de manera supuestamente irregular, hecho que fue en perjuicio de
los proveedores, según también lo recopilado por este
periódico.
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