E.P.-MADRID La proposición de ley de juicios rápidos comienza el miércoles un nuevo trámite parlamentario en el Congreso con la reunión de la ponencia donde comenzarán a debatirse las más de 150 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Se pretende que esta reforma entre en vigor este verano, aunque PSOE e IU siguen poniendo pegas al texto del Gobierno, por considerar que puede mermar garantías jurídicas y ser inaplicable en algunos puntos. En particular, estos dos partidos alertan de que este proyecto puede beneficiar a los delincuentes de cuello blanco si se permite archivar las causas cuando el fiscal no acusa en el plazo de diez días. Por eso, coinciden en sus enmiendas en exigir que se suprima esa posibilidad de sobreseimiento. El PP propone reducir el ámbito de aplicación de este procedimiento a hechos delictivos castigados con pena de prisión que no exceda de cinco años, frente a los nueve años que establece el texto presentado por el Gobierno.