La representación legal de la familia del niño de 9 años que murió
al caer en un pozo de Puig den Valls el pasado mes de abril
solicitó que se tomara declaración en calidad de imputados al
presidente y administrador de la comunidad que es propietaria,
según las comprobaciones que se realizan, del aljibe donde perdió
la vida Luis Alberto Ríos Cano.
Esta prueba, en los primeros pasos que se han dado para exigir
responsabilidades por un posible delito de imprudencia con
resultado de muerte, ha sido denegada por el encargado de la
investigación judicial, el responsable del juzgado de Instrucción
número 2 de Eivissa, José Espinosa. El juez ha considerado que no
ha lugar a esta actuación porque ambos cargos fueron de reciente
nombramiento y que, en todo caso, ambas personas ya han declarado
en calidad de testigos. Ante ello, y ante la posibilidad de que
nadie finalmente responda de lo sucedido, el abogado de la familia
ha presentado un recurso de reforma.
El primer escrito de la acusación también incluyó que se tuviera
en cuenta que el patio donde ocurrió la tragedia, pese a ser
privado, dispone de un acceso exterior por el que puede entrar
cualquiera, motivo por el que se pedía también responsabilidades
civiles subsidiarias al Ayuntamiento de Santa Eulària. El juez,
sobre este particular, no se ha pronunciado aún. Ayer se tomó
declaración a más personas relacionadas con el pozo. La acusación
particular considera que, por lo sucedido, existe materia penal y
en caso de que el juez también acuerde la idoneidad de esta vía
todo puede derivar en un proceso en el que se pueden reclamar,
además de indemnizaciones, penas de cárcel para los presuntos
responsables del mal estado de la protección del pozo.
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