Dos agentes del puesto de la Benemérita de Sant Antoni
comparecieron ayer ante la Audiencia Provincial para enfrentarse a
penas de prisión de un año que pide para cada uno de ellos la
representación legal de un marroquí que les acusa de un presunto
delito contra la integridad moral y una falta de lesiones. La
presunta víctima reclama además una indemnización de dos millones
de pesetas por las secuelas.
El fiscal no apoyó la tesis de la acusación particular en lo
referente al cargo contra la integridad moral pero sí en lo
referente a que las lesiones sufridas en espalda, cuello y cara del
magrebí se tuvieron que deber a una acción desproporcionada.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 21 de octubre de 1999
después de que el denunciante se presentara en el cuartel de Sant
Antoni para interponer una denuncia contra una persona que
supuestamente le había agredido tras una discusión en un bar. Según
la defensa, éste sabía que la persona con la que había sufrido un
altercado era guardia civil. Sea como fuere, ambos reconocen de
distintos modos que hubo un encontronazo en un bar y que todo
terminó en la calle con un intercambio de golpes. El agente asegura
que se identificó y que el marroquí llegó a mostrarle una navaja,
arma que según el denunciante le fue «colocada» luego cuando se
procedió a su arresto.
Al llegar al puesto, un agente conocedor de la discusión avisó a
su compañero. Al identificarle y cachearle se le comunicó que
estaba detenido por atentado. Según los agentes, se resistió
duramente. Según el denunciante, simplemente fue atacado con
brutalidad.
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