El juez de guardia, Pablo Mendoza, ordenó anoche el ingreso en
prisión preventiva de dos, uno de ellos agente del instituto
armado, de las cuatro personas que fueron puestas ayer a
disposición judicial por su presunta implicación en una empresa de
servicios en la que podrían haberse dado prácticas coercitivas y de
extorsión. Los otros dos arrestados, uno de ellos también miembro
de la Benemérita, tendrán que ir al juzgado a firmar cada quince
días.
La decisión judicial se adoptó después de que el fiscal pidiera
estas medidas cautelares exclusivamente para que la Guardia Civil
pueda concluir en su totalidad la investigación iniciada con el
examen de las últimas pruebas que se han recogido en el caso. El
juez Espinosa continúa hoy la tramitación del caso, por lo que es
potestad suya, si así lo decide al concluirse en breve el examen de
las pruebas recogidas, poner fin al régimen de prisión de las dos
personas que ingresaron anoche. Todos los detenidos tuvieron que
aclarar si guardaban alguna relación con «trabajos» de protección
en locales públicos y en misiones de escoltas privadas en los que
se les ha relacionado. El principal imputado, el guardia J.G.C., ya
fue detenido meses atrás por la misma razón, coincidiendo ésta
posteriormente con una disputa interna y una pelea con el actual
capitán de la 8ª Compañía de la Guardia Civil en Eivissa que ha
terminado en los juzgados y con medidas disciplinales.
La detención de dicha persona se produjo después de que
aparecieran informaciones que hablaban de que un ministro de Guinea
Ecuatorial estaba siendo investigado en Eivissa. La Dirección
General de la Guardia Civil tomó cartas en el asunto para comprobar
la veracidad de estas informaciones y tras bucear en ellas
aparecieron indicios de que todo había sido un «montaje» aireado
por estas mismas personas.
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