Eivissa se queda fuera del reparto de los nuevos juzgados de menores

Una de las razones que apoyaban esta posibilidad se fundamentaba en el volumen de trabajo que existe en la isla, donde cada año se contabilizan 300 casos de menores, una cifra que va a aumentar a buen seguro si se tienen en cuenta la prerrogativas que otorga la nueva normativa. Con ella se exime de responsabilidad criminal a todos los menores de 18 años y abre la puerta a que se puedan a coger a ella hasta los de 21 años si cumplen los requisitos. Posibles penas de cárcel se convierten así en las denominadas «medidas de seguridad» que, como mucho, prevén cinco años de internamiento en un centro para los casos más graves.

Todo ello se produce cuando el propio Ministerio de Justicia informa, con motivo de la decisión del Consejo de Ministros, de que para la nueva estructura se ha seguido un «módulo establecido por el Consejo General del Poder Judicial, con quien se ha negociado la redacción del decreto, de forma que en cada provincia exista al menos un juzgado de menores y esta cifra aumente por cada 450 asuntos año».

Otro punto aún no resuelto es conocer si se va a reforzar a Eivissa con algún fiscal especializado en estas tareas o si se va a dejar tal y como está el actual equipo. Este dato es importante, entre otras razones, porque los menores sorprendidos en actos presuntamente delictivos pasarán directamente a disposición del fiscal .