El fiscal mantuvo ayer ante la Audiencia los más de 40 años de
cárcel que se piden en su conjunto para los cuatro ciudadanos
chinos procesados en Eivissa bajo la acusación de extorsionar,
retener, robar y golpear a una prostituta a la que presuntamente
quisieron «meter en cintura». Esta tesis es bien distinta a las
defensas, que argumentaron que tras la denuncia de la supuesta
víctima hubo un montaje del que se iban a beneficiar ésta y su
novio.
El objetivo -según esta versión- era valerse de esta artimaña
para a cambio de ayudar a desmontar una supuesta red mafiosa de
prostitución lograr regularizar su situación en el país, una
prerrogativa que concede la ley. El fiscal presentó los cargos ante
el tribunal con el convencimiento de que el 27 de noviembre de 1999
la denunciante, en un piso de Sant Antoni, se vio atrapada de nuevo
por una red de la ya había huido tras su paso por un club de
Menorca.
Las defensas, por contra, negaron la existencia de esta red y
atribuyeron las relaciones entre unos y otros a las que ya mantenía
la víctima con al menos uno de los encausados, el propietario de
varios restaurantes en Barcelona y Menorca en donde trabajaba como
ayudante de cocina el novio de la prostituta. De todo ello, se
había generado una deuda económica que la mujer había contraído con
uno de los procesados.
Esta línea también mantiene que los otros dos acusados se vieron
en esta tesitura al coincidir todos los imputados en un club de
Sant Antoni donde trabajaba la chica y quedar todos para ir a un
piso que previamente se había alquilado. Este domicilio había sido
arrendado con la única finalidad de contar con una residencia
mientras se buscaba un local para un nuevo restaurante. Las
defensas hicieron especial hincapié en las supuestas
contradicciones continuas en las que había incurrido la denunciante
en la causa.
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