Un tiquetero de Sant Antoni, así como de manera subsidiaria la
sociedad explotadora directa de la discoteca para la que trabajaba
en agosto de 1994, tendrán que pagar cerca de trece millones de
pesetas a la familia de un joven inglés que murió en estas fechas
después de que fuera agredido por el acusado.
El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, Pedro
Luis Viguer, ha resuelto de esta manera la acusación de la familia
de Steven Bruce Riley, representada por el abogado Fernando
Alberich, tras el juicio de faltas por imprudencia que se celebró
en la isla la semana pasada. El juez Viguer considera probado que
en la madrugada del 28 agosto de 1994 Jamie Edwards, que recogía
tickets en la puerta una céntrica discoteca de Sant Antoni, propinó
«un violento empujón en la cara con la mano abierta» al turista,
ocasionando que éste, que iba muy bebido, se tambaleara y cayera «a
plomo» de espaldas al suelo golpeándose la cabeza fatalmente. La
sentencia da la razón al abogado Fernando Alberich cuando reclamó
una indemnización millonaria -algo superior a la concedidabasándose
simplemente en la responsabilidad del tiquetero porque su acción
provocó la muerte del turista inglés sin que en ello mediara una
acción de legítima defensa, tal y como pretendían las
representaciones de la defensa a raíz de las molestias que
anteriormente había causado la víctima por su estado de
embriaguez.
«Su caída se produjo única y exclusivamente por el empujón del
acusado, que es por tanto la causa determinante y exclusiva del
fallecimiento», explica la sentencia. Esta, además, precisa sobre
las molestias que estaba causando el turista y su supuesta relación
con un golpe defensivo: «Ello no justifica la agresiva reacción del
acusado, pues no cabe hablar de legítima defensa porque, al igual
que no está acreditado que el acusado diera un puñetazo al
fallecido -sólo consta que le empujó- no consta tampoco acreditada
la supuesta agresión ilegítima del finado que justifique la
reacción defensiva».
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