Desesperada denuncia de tres trabajadores «al verse atrapados en un limbo legal»

En esta misma denuncia pública, Alberto José expone lo delicado de su situación debido a la complicada situación familiar que le atañe. «tengo dos hijas pequeñas, una de tres años y otra de 16 meses. Mi hija pequeña padece una enfermedad extremadamente rara y requiere cuidados constantes. Esta situación me exige estar a su lado y garantizarle un entorno estable, pero la incertidumbre laboral y económica que estamos viviendo pone en peligro incluso el alquiler de nuestra casa, que es el hogar y refugio de mis hijas», según explica.

Sobre el camino recorrido por estros tres trabajadores, todo comenzó en la antigua depuradora de Vila. En un lugar de trabajo que estaba ya quedando prácticamente en desuso y cuyas instalaciones estaban en cada vez peor estado, «faltaba mucho personal y había sitios por los que no se podía casi ni andar» fue trasladado a la depuradora de Sant Antoni. Ahí, y con motivo de lo delicado de su situación familiar, Alberto solicitó la conciliación familiar, ante la cual no recibió más que complicaciones y finalmente no le fue concedida, pese a presentar informes médicos al respecto. A ello se le sumó una disputa en los cuadrantes de los horarios, lo que propició que Alberto, y sus dos compañeros, Diego y Jorge, como muestra de solidaridad con él, denunciaran a la empresa. Esta situación, considera Alberto, puede estar directamente relacionado con lo que ahora sucede.

La situación cambió para estos tres trabajadores hace apenas un mes, cuando empezaron a existir los primeros rumores de que la nueva empresa concesionaria sería Aqualia, explica Alberto José. Un par de semanas después este rumor se confirmaría y los diferentes trabajadores irían firmando los informes de subrrogación a la nueva empresa. Todos, menos estos tres trabajadores, que ahora se encuentran en esta complicada situación.

El sábado pasado se personaron en su antiguo puesto de trabajo, ante la falta de respuestas, y afirman que «desde la empresa se avisó a la Guardia Civil para que fueran desalojados». Tal y como Alberto José explica, el día anterior, 28 de febrero, recibió un mensaje de la Seguridad Social notificándole que había estado dado de baja. Asegura que, más allá de ese SMS, no ha recibido ninguna otra notificación por parte de la empresa. Sí lo hizo por parte de FACSA, la empresa que este pasado sábado comenzaba a gestionar la depuradora de Sant Antoni, quienes le comunicaron mediante una documento oficial que ellos no formaba parte del personal subrogable.

«No solo estamos hablando de derechos laborales vulnerados, sino también de la dignidad y el bienestar de nuestras familias. Es inadmisible que, en pleno siglo XXI, se permita que trabajadores queden atrapados en un limbo legal que pone en riesgo su subsistencia y su salud», concluye la misiva enviada por Alberto José en la que trata de concienciar sobre la injusta situación que le ha tocado vivir.

Las empresas
Por un lado, Aqualia explica que a principios de este mes de marzo empezaron con la gestión de todas las depuradoras de la isla, salvo la de Vila. El pliego de condiciones obligaba a la empresa a subrogar a todo el personal «tal y como hicimos con todos ellos». La cuestión del asunto tiene que ver con que estas tres personas, según el contrato, no corresponden a la depuradora de Sant Antoni, que sí que sería de su gestión, sino que son «personal prorrograble de la depuradora de Vila», que corresponde a otra empresa, FACSA en este caso, que ha sido la adjudicataria y quien debería subrogarles.

Por su parte, desde la Consellería del Mar y Ciclo del Agua, que es el organismo responsable de ABAQUA, han comentado que «están recopilando información y no pueden comentar nada al respecto hasta que no dispongan de todos los datos». A ello, han añadido que no han recibido ninguna incidencia más allá de esta en ninguno de los otros contratos licitados de cara a otras depuradoras de las islas.