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La presidenta del Govern, Marga Prohens, anunció en Ibiza que los ayuntamientos gobernados en las islas por el Partido Popular bonificarán los impuestos municipales que deben pagar ciudadanos particulares que tienen okupadas sus viviendas. Dicha bonificación se aplicará mientras dure este «hecho delictivo».

Prohens afirmó que en el Govern tienen «muy claro» que la okupación es un delito y que los okupas «son unos delincuentes», recordando que hay partidos que incluso instan al PP a pedir perdón a estas personas. «Nosotros, lo que les exigimos, es que vuelvan a la legalidad», manifestó Prohens, quien ha detallado este domingo en Ibiza otros compromisos adquiridos por los ayuntamientos de Baleares gobernados por el PP.

Manifiesto

Bajo el nombre de ‘Declaración de Dalt Vila’, los alcaldes del PP que participaron en Ibiza en las jornadas intermunicipales presentaron un manifiesto con las principales conclusiones de estas jornadas de trabajo.

El alcalde de Vila, Rafa Triguero, fue el encargado de detallar estas propuestas que abordan temas como la falta de vivienda o la gestión del agua, afirmando que, entre otras cosas, darán «máxima prioridad» a las inversiones dirigidas a la reducción de fugas de agua en las redes municipales. Según señalaron también los ediles, las administraciones deben promover políticas públicas ofreciendo a los ciudadanos garantías para que la vivienda no sea un bien prohibitivo. Los alcaldes, a través de su labor municipal, se comprometieron a dar prioridad a la tramitación de licencias de obra cuyo objeto sea la construcción o reforma de viviendas destinadas a primera residencia.

En relación a la okupación ilegal, y ante la «inacción» del Gobierno, aseguraron que impulsarán «todos los medios técnicos, jurídicos y tributarios para ayudar a los ciudadanos particulares que hayan sufrido la okupación ilegal de su vivienda». Otro de los temas abordados durante las jornadas intermunicipales fue la lucha contra el intrusismo, recordando que una de las causas del conflicto relacionado con el turismo es la oferta ilegal de viviendas turísticas. Por ello, aseguraron que lucharán contra este intrusismo de la mano de los consells y mediante protocolos de colaboración que coordinen los recursos insulares y municipales. Tal como ya habían anunciado el sábado desde el PP, seguirán trabajando en la simplificación administrativa, mejorando procesos y trámites.

Los alcaldes se comprometieron en Ibiza a aplicar la Declaración Única para la Transmisión de Inmuebles (DUTI), permitiendo a los ciudadanos obtener las liquidaciones de los impuestos patrimoniales o plusvalías en un único acto. Además, agilizarán la tramitación de las licencias urbanísticas municipales, externalizando aquellas que se considere necesario a entidades colaboradoras a través de los consells. Favorecer la conciliación familiar y laboral de los vecinos y trabajar para ellos a pie de calle dando respuesta a sus necesidades completaron los compromisos adquiridos por los alcaldes populares.

Según relató Triguero, para conseguirlo, es necesaria la colaboración de los consells, el Govern e incluso del Gobierno de España. Por ello, los ediles lanzaron una serie de peticiones a estas administraciones. Dirigiéndose al Estado, le solicitaron que dote a las fuerzas y cuerpos de seguridad con los medios suficientes, con una equiparación salarial real para los funcionarios desplazados a las islas, aprobando además la actualización del plus por residencia.

En cuanto a política migratoria, exigieron «un cambio en la estrategia de la política migratoria de España, abandonando la inacción y falta de sensibilidad ante este drama humanitario que afecta de lleno al territorio balear». Ante estas peticiones, el presidente del Consell d´Eivissa, Vicent Marí, anunció la creación de un registro insular de empresas acreditadas para poder externalizar informes y agilizar la concesión de licencias urbanísticas municipales.