El Ayuntamiento de Sant Josep explicó ayer que siguen trabajando para «satisfacer las principales peticiones» de los vecinos de los Don Pepe. «Primero son los vecinos, nosotros nos debemos a ellos», apuntaron desde el Consistorio, resaltando que seguirán trabajando bajo esta premisa.
Al preguntar a dichas fuentes por las posibles soluciones planteadas por parte de las administraciones, especialmente la propuesta centrada en la legalización de los apartamentos Don Pepe y la posibilidad de acogerse a la amnistía urbanística incluida en el decreto de simplificación administrativa del Govern, desde el Ayuntamiento josepí insistieron en que, como es una situación abordada por varias instituciones – Govern, Consell y Consistorio – «no pueden confirmar detalles por respeto a estos vecinos» antes de la celebración de la reunión de la comisión de seguimiento que será el próximo día 26 de febrero. Un encuentro que se celebrará entre representantes de las tres administraciones implicadas y los propios vecinos que, como denunciaron el martes pasado en el primer pleno del año celebrado en el Parlament balear, están «hartos de tanta desinformación».
Este malestar por la falta de avances, en las soluciones prometidas por las instituciones, ocasionó esta movilización por parte de algunos residentes de los apartamentos Don Pepe, quienes acudieron a dicha sesión plenaria para recordar a los diputados los compromisos adquiridos y, sobre todo, dejar constancia de su «cansancio» y «hartazgo» ante la situación que atraviesan desde hace años. Es por ello que, durante el pleno, exigieron soluciones entre las dos alternativas que se barajan actualmente. Por un lado, las administraciones hablaron de aprovechar el decreto de simplificación administrativa del Govern balear para poder llevar a cabo la legalización de los edificios, «ya que el caso de los Don Pepe podría encajar en esta nueva normativa», según apuntó en su momento el abogado de los vecinos.
Esta medida, agregó, implicaría también revertir la declaración de ruina de uno de los dos bloques y dar permiso a los vecinos para rehabilitar sus viviendas. Otra de las alternativas que se baraja por parte de las administraciones es la expropiación de las viviendas, el derribo de los edificios y dar el justiprecio a los vecinos para alojarlos después en una vivienda pública. Sin ir más lejos, hace unas semanas se hicieron las valoraciones de los apartamentos, junto con la del terreno.
«Con la situación tan terrible que tenemos en Baleares, y en Ibiza concretamente con el tema de la vivienda, es horrible pensar en tirar 106 pisos porque no se ve claro el tema de legalizar o no, cuando se han legalizado cosas que estaban en una situación más complicada. Es cuestión de voluntad política y seguimos unidos y esperando una solución», destacó la portavoz de los vecinos de los edificios Don Pepe, Silvia Hernández, lamentando que la última reunión de la comisión de seguimiento tuvo lugar en julio de 2024. Cabe recordar que el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, se reunió con los vecinos tras la sesión del Parlament y reiteró su «absoluto compromiso» en colaborar con ellos «y poner las herramientas que sean precisas para tratar de solventar este problema que dura demasiado tiempo».
Mateo recordó que siguen trabajando con el Consell d’Eivissa y el Ayuntamiento de Sant Josep para proporcionar las herramientas «y todo aquello que sea necesario para que los vecinos, y sería la solución ideal, puedan volver lo antes posible a sus casas».
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Ya sabemos porqué a Vicente Roig, el alcalde del PP en Sant Josep, le llaman “el mentiroso”. Le votamos por unas mentiras en campaña electoral que no ha cumplido ni cumplirá. Solo queda VOX.