El pleno del Ayuntamiento de Sant Josep aprobó ayer una moción presentada por el PP para «revertir» las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas en el hospedaje o alquiler de vehículos a motor. Bajo esta premia, se aprobó exigir al Gobierno derogar el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen dichas obligaciones aplicadas desde el pasado mes de diciembre.
La propuesta del equipo de gobierno, que contó con el apoyo de Vox y los votos en contra de los grupos PSOE, Ara Eivissa y Podemos, alertó de que la nueva norma sobre el registro documental e información de personas físicas o jurídicas tiene «un impacto negativo en la realidad operativa y funcional de las empresas turísticas, así como en materia de vulneración de los derechos fundamentales de viajeros y consumidores relacionados con la protección de datos y la privacidad».
Así lo destacaron ayer desde el PP en su primera intervención, exigiendo establecer un canal de interlocución fluido y constructivo con los operadores hoteleros, agencias de viajes y de alquiler de vehículos afectados. «Sant Josep alberga el 30 % de las plazas turísticas de la isla», apuntaron desde el equipo de gobierno.
En este sentido, indicaron que esta moción aboga por, «tras alcanzar una solución consensuada y satisfactoria con los operadores afectados», facilitar un marco proporcionado y equilibrado de obligaciones, aportando plenas garantías de seguridad jurídica a todos los actores de la cadena turística.
«Se considera preciso descartar cualquier medida o acción gubernamental lesiva, generadora de duplicidades que pueda dañar la actividad turística y atentar contra la intimidad y seguridad de turistas y clientes», añadieron, adelantando la pérdida de competitividad turística para las regiones que aplican este registro. Por su parte, Vicent Roselló, concejal socialista en el Ayuntamiento de Sant Josep, afirmó que este nuevo registro de actividad es un instrumento de lucha contra el intrusismo que está consensuado entre el Ministerio del Interior y los agentes implicados después de tres años de moratorias.
«Implantar este registro es ágil y seguro. El Ministerio es el responsable de gestionar los datos; esto permite simplificar y facilitar el procesamiento de la información. Es una aplicación segura y accesible que automatiza la información y es más fácil gestionar la carga administrativa que se hacía de una forma manual», destacó e indicó que el registro de pernoctaciones hoteleras existe desde 1959 y se había quedado obsoleto porque no estaba incluido el alojamiento turístico ni las reservas por Internet.
«Este nuevo sistema tiene en cuenta todo tipo de alojamientos. Además, este nuevo registro de viajeros sólo obliga a aclarar el parentesco con un acompañante menor de edad», agregó Vicent Roselló.
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