El estand de Ibiza también estuvo muy concurrido durante la segunda jornada. | C.L.C.

La segunda jornada de la feria turística Fitur estuvo marcada este jueves por las reuniones entre Govern, Consell d’Eivissa y plataformas de alquiler para combatir la oferta ilegal de alojamiento, una lacra en Ibiza y el resto de Baleares.

De esta manera, la primera de las reuniones mantenidas durante la mañana de este jueves fue con la plataforma de Booking. Lo hizo con Ana Abade, responsable de Relaciones Institucionales en España y Portugal, quien explicó a Periódico de Ibiza y Formentera los motivos de la reunión. Y es que hace justo un año, también en el contexto de Fitur, la plataforma hotelera acordó con los diferentes Consells autorizarles a transmitirle las solicitudes de retirada de las ofertas que descubran que son ilegales, y se ha hecho balance de esta medida. «En el caso de Baleares, porque cada Comunidad Autónoma tiene su legislación propia, es obligatoria que el arrendador muestre su número de registro en el registro turístico. Cuando se da de alta se le pide ese número y si no lo da, no puede continuar», explicó Abade. Sin embargo, pese a este filtro inicial, saltarse la normativa parece sencillo. Y es que Booking no puede verificar que ese número sea verídico o si efectivamente está asociado a una licencia en el registro turístico. «Por eso es importante la colaboración con las instituciones», añadió Abade.

A su vez, desde Booking también quieren transmitir que, de entre todas las ofertas turísticas que ofrecen en su portal, las que son ilegales suponen una minoría: «Las solicitudes de retirada que recibimos de parte de los Consells supone un porcentaje mínimo respecto a la totalidad de nuestros anuncios», explica la representante de la plataforma.

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Anuncios «obscenos»

El director general de Turismo de Baleares, Josep Aloy, también se reunió con otras plataformas de alojamientos turísticos en los que también se publican ofertas ilegales, como AirBnb o Expedia. Aloy explicó a este rotativo tras dichas reuniones que «aunque en el año 2026 tenga que haber una legislación a nivel europeo sobre los alquileres de corta duración, nosotros no tenemos un problema el 2026: lo tenemos ayer o anteayer. Por tanto, no tenemos que esperar tanto para tomar estas medidas». En este sentido, el director general de Turismo ha hablado de ese acuerdo del año pasado con Booking, que en esta edición «ha querido trasladarse a otras plataformas». Sobre los métodos de actuación, recalcó que aunque sea competencia de los respectivos Consells «como Govern tenemos que establecer un marco que facilite la actuación y la comunicación con las plataformas».

Aloy también quiso hacer referencia a esos anuncios que el considera como «obscenos». En este sentido, le comunicó a las plataformas con las que se reunieron este jueves «que puede entender que a veces sea difícil saber cual es la oferta legal, pero en las ocasiones en las que se trata de balcones, o tiendas de campaña no puede haber ninguna duda y se han de eliminar directamente sin que nadie lo pida».

En una de estas reuniones, como representante de Ibiza, estuvo presente Mariano Juan, vicepresidente del Consell d’Eivissa y conseller de Lucha contra el Intrusismo, quien se reunió con AirBnb -además de otros encuentros con Booking y Expedia- con el objetivo de «seguir compartiendo los retos con estas plataformas». Tras la reunión, explicó a este rotativo que, en consonancia con lo que ya había explicado el director de Turismo de Baleares, en Ibiza «no esperamos a la aplicación de la normativa europea en España sino que nos adelantamos a ésta para la retirada de anuncios que incumplan la legalidad». En este sentido, apuntó a una nueva normativa europea que aumenta el grado de responsabilidad de las plataformas «una oportunidad que no podemos desaprovechar», según destacó.

En cuanto a las novedades de cara a este año en la persecución a la oferta ilegal, Juan apuntó tres vías, como son «la aplicación de la normativa europea de retirada de anuncios, la implicación de los ayuntamientos desde el punto de vista urbanístico multiplicando las sanciones contra los pisos ilegales que llegan a ser de cientos de miles de euros y, en tercer lugar, la implicación total del Govern que ha puesto encima de la mesa millones de euros para el Consell para ampliar personal de inspección y tramitación vía ecotasa». Cabe recordar que este pasado año, según destacó Mariano Juan, se recaudaron tres millones de euros a partir de esas sanciones, lo que según Juan «demuestra que las sanciones están funcionando bien pese a que quede mucho trabajo por delante».