El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni también aprobó una modificación de la relación de puestos de trabajo. Una modificación que, según la concejala de Recursos Humanos Maria Ribas, es necesaria para la integración del personal laboral de la empresa pública Obres i Serveis de Sant Antoni (OSSAN 2005 SA), encargada de la gestión del complejo deportivo Can Coix, así como la revisión y actualización de los puestos ya existentes que integran el área de Deportes.
En este sentido, Ribas también destacó que se contempla la modificación y creación de nuevos puestos de trabajo incorporados a la estructura organizativa municipal, entre los que destaca la creación de diez nuevos puestos de trabajo de la Policía Local, así como puestos de difícil cobertura como una plaza de oficial de brigada para la que, según indicó la concejala, se modificará el nivel de catalán exigido, y una plaza de agente de intrusismo y convivencia. Tras esta intervención en relación al capítulo de personal, el portavoz del PSOE Antonio Lorenzo denunció que este aumento de puestos, en total 34, no están «justificados» y resaltó las reticencias del departamento de Intervención a la contratación de dos nuevos cargos de confianza.
«Estos cargos de confianza supondrán un gasto de 73.000 euros más al año», afirmó Lorenzo, resaltando que este incremento del personal está por «encima de lo permitido». En este sentido, también recriminó que estos puestos estén destinados a la comunicación en redes sociales y de apoyo a Secretaría, cuando debería ser un puesto «objetivo». Por otra parte, el pleno de Sant Antoni también aprobó de forma definitiva la desestimación de las alegaciones y aprobación definitiva de la ordenanza de tasas para la recogida de basuras y utilización de vertedero, que contempla un incremento del 35 % de las tasas. Una medida que se aplica, tal como recordó el alcalde Marcos Serra, en cumplimiento de la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno central.
«Esta normativa obliga a todos los ayuntamientos de España a trasladar el coste real de la gestión de los residuos a los ciudadanos antes de abril de 2025», apuntó durante el pleno. Una sesión plenaria que se inició con la toma de posesión de Verónica Lorente, del grupo político PSOE, en sustitución de María Luisa Millán, que renunció al cargo en el anterior pleno.
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