La antigua estación marítima llena de recién llegados. | Moisés Copa

El Consell d´Eivissa ha solicitado al Ministerio del Interior que, ante la «asfixia» que provoca a la institución la constante llegada en patera de menores no acompañados, el Gobierno reconozca la existencia de una ruta migratoria consolidada y aporte medidas para poder hacer frente a esta dura realidad.

En una carta del presidente Vicent Marí al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desde el Consell expresan su preocupación tras haber podido constatar cómo el Gobierno considera que la ruta migratoria entre el norte de África y las Baleares no está consolidada.

En el escrito, se señala además que la postura del Ejecutivo central «contradice a la práctica totalidad de instituciones de las islas, así como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a entidades del tercer sector implicadas en la acogida de personas migrantes».

Marí explica a Marlaska que Ibiza sufre en la actualidad una importante falta de vivienda a precios razonables, lo que dificulta la contratación de perfiles específicos. Por ello, muchos servicios y plantillas no pueden disponer de todo el personal necesario. «En este sentido, la situación se vuelve exponencialmente compleja cuando hablamos de servicios relacionados con el área social, como los servicios de Protección al Menor que se ven distorsionados por esta ruta que, por mucho se niegue a nivel estatal, es ya una realidad como demuestran todos los indicadores», continúa la carta del presidente del Consell.

Vicent Marí repasa lo indicado en la Ley 8/1997, de 18 de diciembre, de Atribución de Competencias a los Consells en materia de tutela, acogimiento y adopción de menores, fijando para ello los medios necesarios tanto humanos como económicos. «El traspaso de estas competencias nunca preveía un escenario como el actual, donde más de la mitad de los menores bajo tutela y acogimiento por parte del Consell son menores migrantes que han llegado a nuestra isla en situación de desamparo», advierte Marí, quien recuerda que la gran mayoría procede de Argelia.

En la carta, que data del 11 de diciembre, el presidente habla del centro Padre Morey, donde en 2021 ingresaron 22 menores migrantes no acompañados; en 2022 ya fueron 29 y otros 66 el pasado año. En este 2024, la cifra ya supera los 90.

Marí también aborda el gran esfuerzo económico que esta situación conlleva puesto que si en 2019 se destinaron al departamento de menores 3.000.000 euros, para 2025 la cifra se ha triplicado hasta los 9.000.000 euros.

«No puedo más que transmitirle nuestro absoluto desamparo. Le insto a que su Ministerio reconozca la existencia de una ruta migratoria consolidada que une el norte de África y las Islas Baleares y, en consecuencia, la dote de los medios humanos y técnicos suficientes para frenar el aumento exponencial de entradas ilegales en nuestro país, que se traduce en una asfixia de nuestro servicio de Protección de Menores», lamenta el presidente.

Por último, insta al Gobierno a promover acuerdos con Argelia para evitar la salida de más embarcaciones y a firmar convenios bilaterales para poder devolver a estos menores a sus familias.

Petición

Cabe recordar que recientemente el PP en el Senado exigió que se declarara el estado de Emergencia Migratoria Nacional, lo que permitiría «poner remedio a una avalancha que no cesa y que deja sin recursos a las administraciones autonómicas para hacerle frente», señaló el senador Miguel Jerez.

Con esta declaración, las Comunidades podrían contratar de manera urgente más recursos para responder adecuadamente a las necesidades de los migrantes. También, se elaboraría un Plan de Acción contra el Descontrol Migratorio con medidas para reforzar la vigilancia en las fronteras y, entre otras acciones, se solicitaría a las autoridades europeas el despliegue de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo para hacer frente a la actual crisis migratoria.

Sin embargo, la diputada socialista en el Congreso, Milena Herrera, consideró que la prioridad del Partido Popular debería ser la reforma de la Ley de Extranjería con la que se podría acordar un reparto justo entre las Comunidades de los menores migrantes que llegan a las costas de toda España.