Las palomas torcaces se han convertido en una gran amenaza para los cultivos de Ibiza debido a su apetito insaciable, que acaba con los cultivos.

La organización de ámbito nacional no gubernamental Mis Amigas Las Palomas (MALP) ha denunciado ante la Fiscalía de Baleares al Consell d’Eivissa -también al de Mallorca- en relación a la Directiva Aves y a la declaración de emergencia cinegética.

En el escrito, al que ha tenido acceso este Periódico de Ibiza y Formentera, MALP explica que interpusieron la denuncia con carácter de urgencia ya que las islas de Mallorca e Ibiza siguen sin ajustarse a la legalidad impuesta por dicha directiva, «pretendiendo burlarla mediante resoluciones que permiten la caza de palomas durante el mes julio y agosto». Por tanto, instan a corregir la situación y a suspender de manera cautelar las declaraciones de emergencia cinegética.

Entre otros ejemplos, la ONG recuerda que la media veda comienza oficialmente el 22 de agosto para la paloma torcaz y el 1 de septiembre para la paloma bravía. Sin embargo, los gobiernos de Mallorca e Ibiza han emitido una resolución y un decreto para cazar ejemplares antes de estas fechas, cuando las palomas se encuentran en época de cría.

«Emiten emergencias cinegéticas falsas y sin fundamento. Cuando matas a sus padres, los pichones quedan condenados a morir de hambre y no hay nada más cruel», declaran.

Desde MALP señalan que son una asociación sin ánimo de lucro centrada en la defensa del mundo animal, muy especialmente aves. «También actuamos contra la Administración, que incumple la normativa europea y española siempre en el tratamiento de las aves», insisten.

Según explican, en época de cría no está permitido matar ejemplares de especies «cazables», un hecho que con la declaración de emergencia cinegética del Consell d´Eivissa no se estaría cumpliendo.
MALP considera que las explicaciones ofrecidas desde las instituciones para declarar la emergencia no se ajustan a la realidad. Así, en relación a los daños agrícolas que causarían las torcaces, la ONG asegura que «la resolución no aporta datos sobre dichos daños que consideramos pueden ser no verificables ni mensurables».

También explican que los ayuntamientos deben aplicar alternativas éticas para la gestión de las poblaciones de palomas según la ley 7/2023, de Protección Animal Estatal. «La única excepción legal que podría enmarcarse en las exenciones de la Directiva Aves es el caso de problemas en los aeropuertos», defienden.

Desde la ONG afirman que, además, el órgano que aprueba la emergencia cinegética, el Consejo de Caza, aprueba esta situación «siendo parte interesada y no objetiva».
Desde MALP solicitan a la Fiscalía que, en el caso de Ibiza, examine los informes «y resto de falaces argumentos que avalan estas disposiciones y violan, por consiguiente, la Directiva Aves. Afirmamos que no hay justificación para masacrar palomas bravías y torcaces y menos en plena temporada de cría. Existen medidas alternativas para evitar que causen daños a los cultivos, las cuales dudamos que se han tomado», insisten desde MALP, recordando que no es la primera vez que denuncian a instituciones de Baleares por casos similares.

El pasado 7 de noviembre, se remitió al Consell un oficio de requerimiento en el que se explica que, tras la denuncia de MALP, se han abierto investigaciones puesto que los hechos pueden ser constitutivos de un delito contra los animales. Por tanto, piden al Departamento de Gestión Ambiental, Sostenibilidad, Innovación y Transparencia que detalle la normativa aplicable en este caso y que aporte información sobre los titulares que tienen permitida la caza de las torcaces, entre otros datos.


La emergencia

El pasado mes de julio, el Consell d´Eivissa declaró la emergencia cinegética temporal para regular la población de torcaces (Columba palumbus) ante los daños que la especie provoca a la agricultura.
Según explicaron entonces desde la institución, el Servicio de Caza lleva recibiendo por parte de los agricultores multitud de solicitudes para permitir tareas de control de palomas torcaces por los perjuicios que causan en sus cultivos, principalmente en los de cereal, vid y huerta. Ya en 2023 se recibieron 57 solicitudes para poder realizar estas tareas de control: 22 para evitar daños en el viñedo, 16 en cereal y 16 en huerta. Con esta medida se esperaba poder reducir de forma controlada la plaga y minimizar así los daños que sufren los campesinos.

Esta declaración de emergencia cinegética temporal supuso avanzar 35 días el período de caza, permitiendo la captura de palomas torcaces con escopeta o con escopeta y perro.