Miércoles, siete de la tarde en el aeropuerto de Ibiza. Dos patrullas policiales, una de ellas de paisano, comienzan el operativo contra el transporte ilegal en esta zona de Sant Josep. Periódico de Ibiza y Formentera acompaña a los agentes que utilizan la furgoneta policial con los cristales tintados.
Es por ello que esta unidad espera más alejada de las entradas al aeropuerto para evitar ser vistos por estos taxistas ‘pirata’ y, de esta manera, poder actuar contra los conductores ilegales tras su detección en la carretera. Para lograr esta localización es esencial, además de recurrir a su ‘lista negra’ de vehículos que operan ilegalmente en el aeropuerto, la colaboración de los taxistas legales que trabajan en esta zona. Sin duda, estos profesionales son imprescindibles para poder luchar contra el intrusismo en el sector del transporte. Así lo demostraron durante este control vespertino de la Policía Local de Sant Josep.

Alerta

A la altura de la rotonda donde está la empresa Viveros Agua y Jardín, sonó una alerta para informar sobre la presencia de una taxista ‘pirata’ a pocos metros de la furgoneta policial. «Tres vehículos más atrás está operando un taxi ‘pirata’. Lo conduce una mujer y lleva a tres pasajeros», señalaba el aviso por parte de los taxistas legales de Sant Josep.
«Tenemos un grupo en común con estos conductores para luchar contra el transporte ilegal y directamente nos han avisado por aquí cuando la han visto salir del aeropuerto, ya que la han reconocido de verla actuar otras veces en la terminal», explicaba uno de los agentes, mientras esperaban en la rotonda la llegada del taxista ‘pirata’. Diez segundos y tres coches; eso fue lo que tuvieron que esperar antes de cortarle el paso e inmovilizar el vehículo que utilizaba esta persona para el transporte ilegal.

Una vez estacionado el coche lo más cerca posible del borde derecho de la rotonda, los dos agentes se acercaron hasta el vehículo para solicitar la documentación tanto a la conductora como a los tres pasajeros. En este caso la taxista ‘pirata’ era una mujer de nacionalidad rumana que lleva operando tiempo en Ibiza. Sin ir más lejos, indicaron los agentes que esa misma mañana fue vista por varios taxistas legales en el aeropuerto de Ibiza. Por su parte, los tres pasajeros eran extranjeros que se dirigían al Ibiza Rocks Hotel, en Sant Antoni. Según las fuentes policiales, cada uno de ellos había pagado 20 euros por adelantando por este trayecto.

60 euros

En total 60 euros por este desplazamiento desde el aeropuerto de Ibiza hasta el municipio portmanyí. «Les hemos explicado a los turistas la problemática que existe en la isla con el aumento de los taxistas ‘pirata’ y lo desconocían. Nos han dicho que van a colaborar denunciando a esta mujer», destacó uno de los agentes, haciendo hincapié en la necesidad de que los propios pasajeros presenten una denuncia ante la Policía por estafa porque, según este profesional, si los viajeros no manifiestan que han sido engañados no se puede interponer dicha denuncia contra este conductor ilegal.
«La normativa actual no les afecta en este sentido, pero estamos luchando para lograr que, si estas personas no denuncian los hechos, se les pueda acusar a ellos de haber sido participes del delito», subrayó, mientras el otro agente terminaba de reunir todos los datos necesarios de los pasajeros antes de contactar con un taxi legal para que los recogiera en la propia glorieta. Realizó este aviso a través del grupo que comparten con este colectivo para que los tres turistas fueran trasladados a Sant Antoni de forma lícita. A los cinco minutos vino uno de estos profesionales, los recogió en la misma rotonda y emprendió su viaje. Paralelamente la mujer de nacionalidad rumana seguía hablando con uno de los agentes.

Su rostro permanecía tranquilo y bastante impasible, incluso mostró una mueca de risa. Al ver esta actitud relajada, este medio se acercó hasta esta mujer con el objetivo de hacerle unas preguntas, pero enseguida denegó esta propuesta y giró la cabeza. «El coche intervenido estaba fichado y constaba en nuestra ‘lista negra’», afirmaron desde la Policía Local de Sant Josep. Tras un buen rato realizando los trámites oportunos de documentación y expediente, le comunicaron a esta mujer que recogiera sus pertenencias del coche que utilizaba como taxi ‘pirata’ antes de abandonar el lugar. Fue entonces cuando llamaron a la grúa para que los operarios cargaran el vehículo interceptado y lo trasladaran al depósito municipal.

Empresas de alquiler

«Este coche es de una empresa de alquiler de turismos y estará en custodia hasta que el contrato de alquiler finalice. Ahora avisaremos a la empresa en cuestión», precisó uno de los policías e indicó que algunas de estas compañías de la isla son conocedoras de estas prácticas ilegales, pero colaboran con estos conductores. «Los rent a car tenían una lista de personas restringidas en la isla, pero claro, ahora hay tantas empresas y tantos conductores ilegales que es muy complicado saber qué personas cometen estas irregularidades», lamentaron desde la Policía Local de Sant Josep, mientras la mujer abandonaba la zona con sus pertenencias entre los brazos.

Al preguntar por el siguiente paso policial para que esta conductora no vuelva a delinquir, informaron de que desgraciadamente, aunque sea tramitada la denuncia y la sanción de 6.000 euros, la mujer de origen rumano «sabe que no va a pagar la multa» porque seguramente esté empadronada fuera y no existe un mecanismo legal a nivel europeo para obligar a pagar las sanciones. «Hay administraciones que tratan de tramitar estas denuncias en el extranjero; el Ayuntamiento de Sant Josep está intentando aplicar esta medida», apuntaron, adelantando que debería existir dentro de la Unión Europea un sistema global para estos casos. Y, así, con su ademán tranquilo esta chófer ilegal se fue lentamente de esta zona tan próxima al aeropuerto de Ibiza. En esta línea, ambos policías destacaron que hay varios cabecillas que gestionan a un grupo de taxistas ‘pirata’ en la isla y que la mayoría de estos conductores son rumanos, argentinos y algún español y colombiano.

En este sentido, también quisieron resaltar que estos controles son excepcionales en Sant Josep porque no disponen de los recursos suficientes para poder efectuar más operativos contra el transporte ilegal como el de este día. Una jornada que se saldó, según dichas fuentes, con cinco taxistas ‘pirata’ cazados a los largo del día en la terminal. «El aeropuerto es Las Vegas para ellos», apuntaron, mientras insistían en la necesidad de disponer de más recursos porque con más medios, indicaron, podrían interceptar hasta 200 taxis pirata tan sólo en verano.

40 conductores ilegales

Sin embargo, agregaron que durante esta temporada sólo han podido ‘cazar’ a 40 conductores ilegales por la falta de recursos. «Sabemos que se puede luchar contra esta actividad ilegal; tenemos las herramientas necesarias gracias a las cámaras y la colaboración de los taxistas. Con estas herramientas, por ejemplo, podemos contabilizar las veces que una misma matricula accede al aeropuerto» indicaron, recordando cómo hasta 2013 podían contar con una unidad de paisano que se dedicaba a realizar estos controles, incluso llegaron a ‘cazar’ a 175 taxis pirata en un verano. Justo en ese momento les llegó a estos agentes un nuevo aviso y empezaron a comprobar la procedencia de los aviones que estaban llegando en ese momento al aeropuerto. Al respecto, añadieron que el perfil que suele contratar a estos choferes es el del turista británico e italiano.

«Nacionales no suelen coger muchos taxis pirata», afirmaron. Asimismo, lamentaron que durante la temporada turística sólo pudieron hacer cinco o seis controles. «Al final es una sanción administrativa y no vamos a dejar de ofrecer seguridad con patrullas en zonas conflictivas como Platja d’en Bossa», afirmó, haciendo hincapié en la importancia de ofrecer un tiempo de respuesta rápido. Lo que sí destacaron es que el gestor AENA tendría que poner más seguridad privada en el interior de la terminal para poder abarcar más espacio entre todos los agentes implicados porque, indicaron, los servicios públicos tienen que enfocarse en labores de seguridad más importantes que perseguir una infracción administrativa.