La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. | Europa Press - Isaac Buj

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha referido este martes en el Parlament al desalojo de las familias de Can Rova del pasado 31 de julio. Prohens ha asegurado que el Govern ya está tramitando el expediente sancionador contra el propietario que alquiló ilegalmente los terrenos, el cual se enfrenta a una multa «millonaria, por lo que no le será rentable haberse aprovechado de la vulnerabilidad de otros».

Prohens ha respondido así a una pregunta parlamentaria de la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, quien ha calificado de «imperdonable» que se produjera el desalojo del asentamiento «sin un estudio previo de vulnerabilidad o que no se hubiera paralizado el lanzamiento, que es lo que hace cualquier ayuntamiento con un mínimo de humanidad».

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La diputada de Podemos ha señalado que en Can Rova vivían «mil personas y muchas familias con menores». Y ha culpado a los dirigentes políticos: «Aquí quienes han fallado son los responsables políticos, todos del PP».

Por el contrario, la presidenta Prohens ha señalado que el desalojo de las familias de Can Rova «nos muestra con crudeza la peor cara de la situación de acceso a la vivienda en Balears, la peor cara de los resultados de ocho años de políticas equivocadas de acceso a la vivienda». Prohens ha pedido «respeto para los técnicos municipales e insulares, que dieron respuesta a todas las familias vulnerables». Y ha insistido en que «se pusieron todos los recursos y medios para que todas las familias en situación de vulnerabilidad fueran atendidas».