Rafa Ruiz durante el pleno de ayer. | Moisés Copa

La apertura de juicio oral contra los implicados en el caso Puertos no será inocua a nivel político para el exalcalde de Vila, el socialista Rafa Ruiz. Y es que el Código Ético de la formación prevé graves medidas en casos como el suyo, acusado de delitos relacionados con la corrupción. Así, Ruiz podría mantenerse como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Ibiza, del que fue alcalde entre 2015 y 2023, pero necesitará para ello el respaldo de la Comisión Federal de Ética y Garantías de la formación.

El Código Ético socialista prevé que «cuando el procedimiento se siga por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral», la suspensión cautelar de militancia sea automática, así como la expulsión del partido y la dimisión de todos los cargos. En el caso de Ruiz, que está imputado por los delitos de prevaricación y fraude, el PSOE indica que «previamente a la baja voluntaria y dimisión podrá solicitarse a la Comisión Federal de Ética y Garantías, a la vista de la naturaleza de las concretas circunstancias del caso, autorización para mantenerse en el cargo hasta la resolución del procedimiento judicial».

En el siguiente párrafo del texto, el Código Ético señala que «se establecerá, en todo caso, la suspensión cautelar automática de afiliación de las personas incursas en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción, con la violencia de género o la libertad e indemnidad sexuales o contra la integridad moral, así como la sanción de expulsión del partido de aquellas personas que hayan sido condenadas por alguno de esos delitos».

Aunque el delito de corrupción no existe como tal, sí que hay 10 delitos que entran en esta categoría: prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales, según recoge Confilegal. El exalcalde de Ibiza está acusado ahora mismo de los delitos de prevaricación administrativa continuada y de fraude.

El fiscal Juan Carrau pide para Ruiz un total de 15 años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público y del derecho de sufragio pasivo por el delito continuado de prevaricación administrativa. Además, solicita tres años de prisión y ocho de inhabilitación especial por el de fraude. En el caso de que Ruiz fuera condenado por el caso Puertos, se podría encontrar en la misma situación en la que hoy se encuentra el republicano Oriol Junqueras, que, aunque fue indultado por el Gobierno de Pedro Sánchez, sigue cumpliendo la condena de inhabilitación, lo que le impide ejercer como profesor en el sector público. Ruiz tuvo que volver a la enseñanza tras perder las elecciones en mayo de 2023 y presta sus servicios en un centro público de Ibiza.