Imagen de archivo de la sede de Amadiba.

La Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de Baleares (Amadiba) sigue esperando que el Consell d’Eivissa afronte el requerimiento judicial presentado por la entidad a finales de 2023. Un recurso admitido a trámite que reclama a la institución insular el pago de la deuda pendiente que, según Amadiba, es de 2,2 millones de euros más intereses.

«El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma sigue a la espera de la respuesta del Consell; todavía se tiene que pronunciar ante el requerimiento de pago», lamentó la gerente de Amadiba, Jane King, a Periódico de Ibiza y Formentera.

En este sentido, explicó que el proceso contencioso–administrativo es lento e indicó que el plazo interpuesto al Consell para contestar dicho requerimiento es de 20 días hábiles, siendo inhábiles los días del mes de agosto. «No quedará mucho para que finalice el plazo; desde Amadiba tenemos esperanza en el recurso interpuesto ante el Juzgado porque nosotros somos las víctimas de toda esta situación y hemos pagado el pato de la inexperiencia del anterior gobierno insular de PSOE y Guanyem», afirmó, destacando que la institución tiene que asumir responsabilidades, aunque esté gobernando otra agrupación.

En esta misma línea, afirmó que tuvieron que judicializar el asunto porque, pese a las reiteradas reuniones con el actual Consell, no llegaron a negociar nada pese a las facilidades en el pago dadas por la entidad.

«Hemos mantenido muchas reuniones y escuchado muchas promesas incumplidas; nos sentimos injustamente tratados», agregó, mientras recordaba el acopio de documentación que entregaron ante el Juzgado para demostrar que existieron acuerdos verbales en los que el anterior Consell encargó a la entidad servicios sin la firma de un contrato ni a través de un concierto. «Servicios que nadie estaba financiando y nos tocó asumir a nosotros», apuntó. «Expertos en la materia nos dicen que tenemos todas la de ganar porque la situación es injusta. Ahora tenemos una sensación de tristeza por haber llegado a este punto con un tema que afecta a la atención de las personas con discapacidad», agregó Jane King, recordando que Amadiba creó una red de servicios residenciales y diurnos para cubrir las necesidades de estos usuarios y, además, ayudaron a otra entidades a crear servicios concertados.

Consecuencias

Debido a los servicios prestados en la isla entre 2017 y 2019 sin financiación, desde Amadiba subrayaron este miércoles que están «endeudados hasta las cejas» porque fueron asumiendo los gastos para seguir con el funcionamiento de la entidad durante estos años. «Tenemos un agujero económico tremendo», apuntaron, haciendo hincapié en que actualmente el Consell d’Eivissa concierta la prestación de servicios a un ritmo «muy lento». También denunciaron que el centro de día está infrafinanciado y con plazas libres que tardan en cubrirse meses.

«Hay mucha desconfianza hacia nosotros en torno al concierto social para la prestación de servicios porque es algo relativamente nuevo en Ibiza. Otras entidades de la isla celebran actos benéficos para recaudar fondos y nosotros estamos en contra de estos actos y de cómo se gestionan las subvenciones porque formamos parte de una red de servicios públicos obligatorios, que son derechos de las personas con discapacidad que debe prestar la administración a través de conciertos sociales», subrayó con rotundidad.

En este sentido, también comparó la gestión del Consell d’Eivissa con la gestión del Consell de Mallorca a la hora de concertar estos servicios y afirmó que esta segunda institución paga pluses de conducta para la atención a los problemas de comportamiento de los usuarios a través de una unidad especializada.

«En Ibiza las subvenciones están sometidas a fiscalización. Estamos viviendo una etapa muy primitiva en la isla en relación a las concesiones sociales. En Mallorca nos derivan a jóvenes con discapacidad desde el Consell de Mallorca y existe una gran agilidad a la hora de atender a estos usuarios», puntualizaron desde Amadiba.