Se espera que en este 2024, la algarroba será también «más pequeña y más seca» en comparación con años pasados.

Con el mes de septiembre arranca en la isla la campaña de la algarroba que, un año más, volverá a estar marcada por el bajo precio de este fruto: 0,37 euros el kilo frente a los 0,34 euros abonados en 2023 y a los 1,20 euros por kilo que llegó a pagarse hace dos temporadas, todo un récord. Desde hace días, en la Cooperativa Agrícola Sant Antoni -principal comprador de algarroba en Ibiza- tienen todo preparado para comenzar a      recibir los sacos con el fruto, que será después almacenado y procesado    para obtener su pulpa y semilla. Esta última parte, conocida como garroví, es la que marca el precio final.

El gerente de la Cooperativa Agrícola Sant Antoni, Juan Antonio Prats, recordó ayer que «hace dos años se vivió un momento excepcional por el precio del garroví. Al subir tanto, la industria que lo empleaba como espesante dejó de utilizarlo o lo mezclaba con otros productos y empezó a no tener tanta demanda. El problema es que cuando una gran industria de la alimentación cambia una fórmula, es muy difícil volver atrás».

Al igual que el pasado año, esta devaluación de precios provocará que muchos descarten recoger el fruto en una campaña que, debido al cambio climático, ha vuelto a adelantarse en Ibiza. En este 2024, la algarroba será también «más pequeña y más seca» en comparación con años pasados, según comentó el gerente.

En principio, se calcula que este año habrá unas 900 toneladas de algarroba. «Hace dos años, cuando iba tan cara, todo el mundo la recogía para vender. Ahora, el payés que lo ha hecho siempre lo seguirá haciendo, pero otros propietarios no la recogerán», explicó Prats.

Protocolo

Cabe recordar que el Govern impulsó hace unos años un protocolo de actuación contra los robos de algarroba en las explotaciones agrarias y en los almacenes de empresas de este subsector. El incremento de precios había llegado a provocar oleadas de robos y hurtos en numerosas fincas de Baleares. Para evitar la comercialización de algarrobas robadas, se impulsó este protocolo que incluía la obligación de cumplimentar diferentes trámites y documentos, tales como un certificado para cada uno de los titulares de las explotaciones de este cultivo.

Además, se estableció el contrato alimentario que se aplica a partir de una operación de más de 1.000 euros y que en el caso de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni deberán suscribir quienes no sean socios de la entidad.

En años anteriores, desde la Cooperativa reconocieron que en alguna ocasión el protocolo había logrado disuadir a varias personas que intentaron vender algarrobas que, probablemente, no eran de su propiedad.