La alcaldesa de Santa Eulària y la concejala de Bienestar Social durante la conversación mantenida con algunos de los desalojados de Can Rova el pasado 6 de agosto. | Irene Arango

El grupo municipal del PSOE en Santa Eulària ha responsabilizado este viernes a la alcaldesa, Carmen Ferrer, de la «grave crisis humanitaria» en Can Rova, denunciando que «cerca de un millar de personas han vivido en condiciones deplorables durante años».

«A pesar de que el campamento estaba situado en un terreno rústico del municipio, el Ayuntamiento de Santa Eulària no tomó ninguna medida para evitar la aglomeración de personas en caravanas e infraestructuras precarias durante más de cinco años», han protestado los socialistas en un comunicado en el que reprochan al consistorio su «total falta de empatía y previsión».

Desde el PSOE han insistido en que el desalojo del campamento de Can Rova se realizó «de manera improvisada y sin ofrecer soluciones adecuadas a las personas afectadas, dejando a muchas familias en una situación crítica».

Ante la amenaza de la DANA, el Ayuntamiento anunció la habilitación de 30 plazas de refugio para protegerse del mal tiempo, una cifra «claramente insuficiente», han considerado los socialistas, que han señalado también que algunas personas han dormido bajo la lluvia, sufriendo las inclemencias del mal tiempo, incluso con menores.

«Los recursos sociales del Ayuntamiento deberían desplazarse donde está el problema en lugar de esperar que las personas acudan a ellos, algo imposible para quienes no pueden abandonar sus escasas pertenencias o dejar de ir a trabajar si no quieren perder sus trabajos», han afirmado desde el PSOE.

En esta línea han criticado que el Consistorio «parece más interesado en evitar que la ayuda se prolongue para no cronificar la situación, en lugar de solucionar el problema de manera efectiva».

Por ello, el grupo municipal del PSOE, junto a Unidas Podemos, ha registrado la solicitud de un pleno extraordinario para que la alcaldesa «dé explicaciones públicas y asuma responsabilidades por la gestión del caso de Can Rova, por permitir el crecimiento de un campamento ilegal en condiciones indignas y por la falta de recursos y previsión en la atención a las personas afectadas».