Cerca de las 19.00 horas de este pasado miércoles, una treintena de personas se encontraba en los alrededores de Can Rova, justo delante del asentamiento que había sido su casa durante meses. Estas personas, en este caso todos adultos sin presencia de menores, no sabían donde pasar la noche y acudieron a este lugar, lo cual activó los protocolos de emergencia de los servicios sociales de Santa Eulària, municipio en el cual se encontraba el asentamiento.
Esta treintena de personas fue reubicada atendiendo a las necesidades y características de cada una de ellas. En primer lugar, dos hombres fueron acogidos en el centro de baja capacidad de Sa Joveria, mientras que otras 28 fueron desplazadas hasta las instalaciones deportivas del CEIP s'Olivera. Además de esta treintena, se suman las seis mujeres y cuatro niños que habían acogido ya en el centro Nazaret de Caritas Diocesana.
Según lo que explicó a la prensa Antònia Picó, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Eulària, los trabajadores sociales estuvieron a primera hora para analizar los casos individualmente y poder proferir una atención personalizada. En este sentido, según precisó, se tuvieron en cuenta las diferentes situaciones de vulnerabilidad y riesgos de exclusión social, teniendo en cuenta también la capacidad de acceso al trabajo.
Prácticamente la totalidad de estas personas son trabajadoras, así que a primera hora de la mañana de este jueves partieron de los lugares en los que estaban pernoctando y ya no volverían a las instalaciones hasta la tarde-noche- Ante el miedo que tienen algunos desalojados de que su situación irregular pueda acarrearle problemas, Picó asegura que «ese no es un criterio que Servicios Sociales tenga en cuenta». Frente a las quejas de algunos habitantes de Can Rova de que se «rompen los núcleos familiares» por parte de los desalojados, la concejala defendió que «es un motivo de intimidad; las habitaciones son compartidas y algunas mujeres podrían no sentirse cómodas con la presencia de otros hombres. No hay habitaciones familiares».
Respecto a las soluciones, aclaró que todo lo que se ha planteado hasta el momento «es temporal» a la espera de que se pueda encontrar una solución, tanto los afectados como desde las instituciones. Desde el Consistorio de la Villa del Río se informó que se ha ofrecido a alguno de los afectados el pagarle «los billetes y el traslado de enseres».
Coordinación
Pese a que, al encontrarse en el terreno municipal de Santa Eulària la mayoría de labores corresponde a este Ayuntamiento, otras instituciones como el Consell d'Eivissa se han sumado a la ayuda. Así, desde la máxima institución insular afirmaron que los servicios sociales del Consell han estado en coordinación con el ayuntamiento para ayudar en lo que fuera necesario. Recordaron, además, que sus competencias son la «atención a mujeres víctimas de violencia de género y menores tutelados, por lo que en este caso no se ha dado la situación». También han colaborado con las plazas disponibles en sa Joveria, que son cuatro en ese momento y se han alojado allí a un hombre y dos mujeres. En cuanto a posibles ayudas aclararon que harán «todo lo que se necesario para aportar a los Planes de Prestaciones Básicas de los ayuntamientos, que son los que se encargan de la atención primaria a personas vulnerables». El Ayuntamiento de Eivissa también ha puesto a disposición los recursos de Bienestar Social del Consistorio por si Santa Eulària los necesitara en algún momento para atender a personas en situación de vulnerabilidad tras el desalojo.
3 comentarios
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La pregunta es: ? Quien ha creado el problema . La segunda es : ¿ quienes se han apuntado , pagando sin preguntar si ello era legal y podía tener consecuencias ? Entonces la solución es , detención del delincuente que ha creado la zona de alquiler ilegal y sanción ejemplar del doble de lo que ha facturado. 150.000 € al mes durante 12 meses.. Para los que alquilaron sabiendo que la situación era ilegal, son cómplices de esa situación, luego deben de abandonar la situación y volver a su residencia habitual. Los que alquilaron y dicen que no lo sabían.___ la respuesta es; El desconocimiento, no exime de la obligación de saber, y actuar en consecuencia. Luego también a su lugar de residencia habitual en los últimos 5 años. Seguro que el 80% están en esa slituacion.
Qué Santa Eulalia diga cuánto ha facturado ese puñetero jeta y que diga qué multa le va a caer. O es que eso no es alquilar ilegalmente. Vergüenza de alcaldesa mirando desde la barrera como zumban a cuatro pobrecitos. Y seguro que habrá comido con la familia del susodicho alguna vez. Qué vergüenza de políticos y qué imagen de mierda que damos. Esclavos en chabolas en pleno siglo XXI y un listo forrándose y yéndose de rositas Asco de gente.
Que trabajadores estén es estás condiciones es porque los políticos no hacen sus deberes...