El juicio contra José Ribas se celebró en 2015. | Alejandro Sepúlveda

Sensación de miedo, pánico, y grandes dosis de indignación y abandono por parte de las autoridades. Son los sentimientos de Pilar, viuda de Gerardus Johannes Buijs, asesinado por su tío político en mayo de 2014, en Sant Josep. José Ribas R., fue condenado en septiembre de 2015 a 17 años, cinco meses y 29 días de prisión. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial llegó una semana después de que el jurado popular elevase un veredicto de culpabilidad por asesinato. El presidente del tribunal le impuso la máxima pena al valorar su frialdad, la ausencia de arrepentimiento y el parentesco.

Gerardus Johannes Buijs recibió tres tiros de escopeta de caza. Tras cometer el crimen, el autor se entregó en las dependencias de la Guardia Civil y confesó los hechos perpetrados tras una discusión.

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Ahora, 10 años después del asesinato y a punto de cumplir diez años de pena, el condenado aterrizará en la Isla gracias a un beneficio penitenciario. No se trata de la primera vez que goza de un permiso, pero en esta ocasión la familia de la víctima no ha sido informada «debidamente. Hace una semana me comunicaron que tendría un permiso a partir del 22 de agosto y ayer nos notificaron que salía hoy – por ayer-», apuntó a Periódico de Ibiza y Formentera Pilar, visiblemente afectada por este hecho y preocupada por la falta de medidas de protección y prevención.

A este hecho se suma la concesión del tercer grado, un beneficio penitenciario que se activará la semana próxima J.R.R., que cumple condena en el centro penitenciario de Navalcalnero (Madrid), será trasladado a Palma. El régimen de internamiento quedará reducido a ocho horas y solo tendrá que regresar a prisión para pasar la noche. La familia de la víctima remarca que el condenado «no cumple con los requisitos exigidos por la ley de ausencia de infracciones disciplinarias y la falta del abono de la responsabilidad civil, por lo que la resolución de progresión al tercer grado es arbitraria y sin amparo de ley. Estamos viviendo una pesadilla. El sistema ha fallado y lo pagamos las víctimas», remarcó.