Ruinas de la ciudad de vacaciones proyectada en Cala d'en Serra. | Irene Arango

El Consell de Ibiza se encargará de la expropiación del terreno y del posterior derribo de la ruina de Cala d'en Serra. El pleno del Ayuntamiento de Sant Joan aprobó este viernes por unanimidad en un pleno extraordinario solicitar a la institución insular la compra del solar.

La alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, destacó «la especial importancia de garantizar la recuperación de este espacio y su conservación, así como asegurar una gestión coherente con las protecciones de las que goza y, además, garantizar que a, a largo plazo, el uso al que se destina el terreno sea el de la conservación del hábitat y especies que en ellas existen, siendo esencial la prevención de incendios forestales y la preservación de la fauna presente».

En este sentido, Marí recordó que «después de caducar la licencia existente de 1975, se llegó a un acuerdo con el Consell para que sea la administración insular la que adquiera dicho terreno para proceder al derribo de la estructura en un menor plazo». De esta manera, se asegura la efectiva demolición y eliminación del riesgo y del impacto que representa para el medio ambiente y para los usuarios de la zona. «Finalmente se ha optado por que sea el Consell quien expropie los terrenos y restituya la zona a su estado original, dado el nivel de peligrosidad y riesgo de derrumbe. Con ello adelantamos plazos y cumplimos con uno de nuestros compromisos electorales», apuntó la alcaldesa, quien agradeció al Govern que declarara el derribo de las ruinas de Cala d'en Serra de utilidad pública en el decreto de simplificación administrativa. Un hecho que ahorra más de un año de tramitación, según apuntó el vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan. La pelota está ahora en el tejado del Consell, que ahora deberá determinar el justiprecio que habrá que pagar al propietario de los terrenos y redactar el proyecto de derribo de las construcciones.

Otros acuerdos

Por otra parte, el pleno municipal aprobó también el proyecto básico de depósito regulador de agua desalada con capacidad para 2.000 m3 y las redes de enlace con el núcleo urbano de Sant Miquel y la futura conexión con el Port de Sant Miquel. También se dio luz verde de forma inicial a la ordenanza del servicio municipal de saneamiento de aguas.