Vivienda

El Govern aprueba legalizar viviendas fuera de ordenación que hayan prescrito

Los propietarios tendrán que abonar las mismas tasas e impuestos que en las nuevas edificaciones

Para legalizar estas obras irregulares que han prescrito tienen que haber sido construidas hasta ocho años antes de la entrada en vigor del decreto.

Vanessa HernándezIbiza25/05/24 0:30

El Consell de Govern aprobó ayer el nuevo Decreto Ley de Simplificación Administrativa que permitirá legalizar edificaciones, construcciones, instalaciones y usos fuera de ordenación, siempre que haya prescrito la infracción y ya no sean posibles una sanción ni restablecer la legalidad urbanística. Para poder legalizar estas edificaciones, que tienen que haber sido construidas hasta ocho años antes de la entrada en vigor del decreto, se dispondrá de un plazo máximo de tres años.

Además, según establece este nuevo Decreto Ley de Simplificación Administrativa, los propietarios deberán presentar un proyecto técnico de adaptación a criterios ambientales referidos principalmente a eficiencia energética e hídrica, y depuración de aguas.

Esta medida irá acompañada de una contraprestación, ya que los propietarios tendrán que abonar las mismas tasas e impuestos que en las nuevas edificaciones. En este sentido, según establece la norma, los propietarios también tendrán una penalización del 10 % del valor del inmueble si éste se regulariza durante el primer año, del 15 % si es en el segundo y de un 20% en el tercero.

Bonificación

Sin embargo, en el caso de las rentas inferiores a los 33.000 euros anuales, habrá una bonificación del 50 % a través del impuesto sobre la renta, y del 25% cuando no se pase de los 52.800 euros. Asimismo, según el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, las viviendas legalizadas por esa vía «nunca podrán dedicarse al alquiler turístico».

Tampoco, indicó, se podrán regularizar las instalaciones ilegales dedicadas a hoteles rurales o agroturismos, las que se encuentren en zonas de expropiación o en las de dominio público, entre otras. En esta misma línea, todas estas tasas e impuestos que recaudarán los ayuntamientos de Baleares se deben destinar, según Antoni Costa, a la adquisición, recuperación, protección y gestión sostenible de espacios y recursos naturales, o a la dotación de suelo municipal.

«El decreto pretende reducir y simplificar trámites y burocracia, acabar con duplicidades normativas y facilitar la inversión, afectando a todas las administraciones de Baleares», indicó. Hay que señalar que el texto aprobado ayer modifica total o parcialmente unas 50 leyes y decretos ley, con más de 170 cambios en los diferentes articulados.

Una de las medidas más conflictivas del escrito es la supresión de la Comisión de Medio Ambiente, ya que el decreto establece que los informes ambientales serán realizados por los mismos técnicos que han participado hasta ahora en la citada comisión, «pero sin ninguna valoración o corrección política posterior».

También se incorporará la posibilidad de que los ayuntamientos puedan crear aparcamientos temporales en cualquier tipo de suelo, incluido el rústico, durante las épocas de mayor afluencia de turistas y, además, los consells insulares podrán externalizar las inspecciones técnicas de vehículos con el objetivo de agilizar estas revisiones y evitar las listas de espera y los problemas para conseguir cita. Estas son algunas de las medidas que el Govern balear ha incorporado en el Decreto Ley de Simplificación Administrativa aprobado ayer.

Una aprobación de la que se hizo eco ayer, durante la Jornada Inmobiliaria de Ibiza, el conseller de Territorio y Ordenación Turística, Mariano Juan. En este sentido, defendió que este procedimiento de legalización extraordinaria no es, como otras formaciones señalan, una «amnistía urbanística», ya que está sujeta a condiciones. Además, señaló que el objetivo es que los «nietos no paguen los pecados de los abuelos en materia urbanísticas». «De lo que se trata es que, en lugar de pagar una multa, estas edificaciones puedan ser reformadas», subrayó, mientras compartía algunas de las condiciones como la acreditación de la prescripción por parte del propietario que quiera adherirse o la recaudación que tendrá cada ayuntamiento.

«Es importante generar una actividad económica legal que permita modernizar, y no tanto construir», apuntó. En esta misma línea se mostró el arquitecto Joan Marí Ferrer Botja durante su intervención ayer en la que habló sobre las ilegalidades y afecciones en urbanismo según las leyes y sus aplicaciones. Al respecto, valoró esta aprobación y desgranó el paquete de medidas de simplificación administrativa impulsadas por el Govern balear.