El pleno del Senado aprobó el pasado martes la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Partido Popular para la modificación de la Ley de Costas. Concretamente, los populares proponen la inclusión en la normativa de una disposición adicional, que sería la decimotercera, para que los núcleos urbanos con especiales valores etnológicos queden excluidos del dominio público marítimo terrestre «mediante la práctica de un deslinde que los excluya y se regirán por el régimen de los terrenos incluidos en zona de servidumbre de protección».
Una proposición que ahora pasará al Congreso de los Diputados y que tanto la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera como la Asociación de Afectados por la Ley de Costas en Ibiza ha aplaudido este jueves. «Se trata de proteger conjuntos urbanos que existan con carácter previo a su inclusión en el dominio marítimo terrestre, que estén integrados en ese entorno paisajístico costero y que dispongan de valores culturales, históricos o etnográficos que merezcan ser conservados», explicaron. Su presidenta, Aixa Torres, aseguró que la aprobación de esta proposición de ley en el Senado «es el primer paso en la dirección correcta para lograr que se modifiquen los criterios del último reglamento aprobado por el Gobierno, que apuesta por la prohibición y restricción de derechos, frente a un modelo que debe respetar las diferentes singularidades de la costa española, en especial lo que afecta a nuestras Islas Baleares, y a nuestro modelo económico basado en el turismo, siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad que propugna el marco europeo».
Torres añadió que con esta nueva norma «se trata de lograr que esta nueva norma, redactada con el consenso y la participación de todos los afectados sirva para preservar nuestro patrimonio territorial de forma sostenible y proteja los derechos de los ciudadanos, evitando la indefensión jurídica a la que estamos sometidos con la ley actual, como ya advirtió el Parlamento Europeo al Gobierno de España».
Abstención de Ferrer
La proposición de ley se aprobó con los votos a favor de los senadores del PP, mientras que los del PSOE votaron en contra y el senador por las Pitiusas, Juanjo Ferrer, se abstuvo «porque tengo muchas dudas de la constitucionalidad de esta reforma y sobre la aplicación del principio de no regresión.
Ferrer señaló que esta modificación de la Ley de Costas es «de momento innecesaria» y recordó que el artículo 132 de la Constitución española marca qué bienes son de dominio público y la zona marítimo-terrestre; «y dichos bienes, como todos sabemos, son inalienables, imprescriptibles e inembargables». Además, explicó que la sentencia del Tribunal Constitucional 233/2015, de 5 de noviembre, señala que «la pretensión de excluir porciones de dominio público natural en atención a su transformación artificial y al tipo de explotación resulta constitucionalmente inadmisible».
«Preservar el ecosistema litoral debe ser compatible con otorgar seguridad jurídica a situaciones singulares cuando, por el paso del tiempo y los efectos del calentamiento global, se ha generado un limbo legal en núcleos tradicionales e históricos como los mencionados», señaló el senador del PP Vicente Tejedo.
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