El ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha impuesto una sanción de 312.734,29 euros al propietario de una vivienda, situada en un terreno rústico próximo a Roca Llisa, que ejecutó una reforma integral de la casa y cambió el uso de un garaje a vivienda sin contar con los permisos pertinentes. Para tratar de dar apariencia de legalidad a los trabajos se habían presentado hasta 6 comunicaciones previas de obras menores simples.

El propietario de la parcela en que se produjeron las actuaciones había presentado media docena de escritos en los que se comunicaban actuaciones para reparar grietas e impermeabilizar el porche de un garaje y la reparación del suelo del mismo, así como cambio de suelo, alicatado y fontanería en la cocina y el baño, de carpintería y una impermeabilización de terraza exterior y reparación del suelo de la misma. Igualmente, se hizo comunicación previa de determinadas obras en el exterior. En muchos casos, las comunicaciones previas estaban incompletas o presentaban errores por lo que no podían considerarse como válidas.

Tras la inspección de los técnicos municipales se constató que se había realizado una reforma integral de la casa, de 164 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, así como cambiado el uso de una estancia de garaje a vivienda con una superficie de 26 metros cuadrados. El presupuesto estimado de los trabajos realizados sin título habilitante es de 178.700 euros, siguiendo lo que establece la Ley12/2017 de Urbanismo de Illes Balears al considerarse los hechos como una falta grave. Al poder ser sancionada la infracción con una cantidad equivalente a entre el 100 y el 250% del valor de las obras, se opta por el término medio de la horquilla (175%) por lo que la multa es de 312.000 euros, así como la obligación de la restitución de la realidad física alterada. El propietario puede ver reducido el importe si actúa con prontitud para eliminar las modificaciones irregulares realizadas.

El propietario

Desde el despacho de abogados que representa al propietario, Rodríguez Tur Abogados, han manifestado su disconformidad con la resolución del consistorio «al no ajustarse a Derecho» y al entender que las obras ejecutadas «se corresponden con el título administrativo del que disponían, al haber presentado las comunicaciones previas pertinentes elaboradas por técnicos acreditados y ser coincidentes con los trabajos ejecutados, sin haberse extralimitado en ningún momento respecto a los trabajos realizados en la vivienda familiar».

«El Ayuntamiento no ha sabido individualizar la supuesta infracción y se ha limitado a decir que ha habido una reforma integral sin mayor definición, algo que ni está prohibido ni requiere licencia de obra mayor si los trabajos son de escasa complejidad técnica y no afectan a parámetro alguno. No se ha aumentado ni la edificabilidad ni la ocupación ni el volumen de la vivienda. En estos momentos estamos valorando la procedencia de un recurso contencioso-administrativo que revierta esta resolución», indicó el socio director del despacho, Juan Carlos Rodríguez Tur.