El en IES Santa Maria está prohibido usar el móvil. | Moisés Copa

El Centro de Estudios y Prevención de Conductas Adictivas dependiente del Consell d’Eivissa (CEPCA) y la Federación de Asociaciones de Padres de Ibiza (FAPA) apoyan la norma que regulará el uso de teléfonos móviles en los centros educativos de Balears, pero consideran insuficiente esta prohibición si no va acompañada de otras medidas educativas. Mientras desde el Cepca señalaron ayer a Periódico de Ibiza y Formentera que esta normativa debería ir asociada desde hace tiempo a una autorregulación marcada desde la propia familia que proteja a sus hijos de los riesgos de Internet, desde la FAPA explicaron que hacen falta más formaciones en los centros para el profesorado y las familias sobre este mal uso de los dispositivos y sus consecuencias. «Es importante que las administraciones públicas regulen su utilización porque estas medidas son herramientas que ayudan a los centros educativos. No obstante, nos falta lograr el gran reto», explicó la directora del Cepca, Belén Alvite, haciendo referencia a los límites que deben poner las familias en su utilización en casa.

«Apoyamos estas medidas aplicadas por los centros, pero las familias deben poner límites porque no toda la carga educativa en este sentido puede recaer sobre el profesorado», señaló Belén Alvite, resaltando que los docentes «no son domadores de leones». Asimismo, indicó que los centros deberían negociar posibles sanciones sin imposición para que los estudiantes entiendan los riesgos y consecuencias de este consumo. En este sentido, subrayó que los profesionales de esta entidad han realizado sesiones y programas educativos en cursos de Primaria y Secundaria –también para familias y docentes– para que los jóvenes tengan una mayor conciencia del uso del móvil y en ellos observaron que los propios estudiantes señalaban que en sus hogares no hay restricciones por parte de sus familias.

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Efectos negativos

Este consumo supone, según la directora del Cepca, la existencia de efectos negativos en la salud de los estudiantes como pérdida de sueño, ansiedad y dificultades en el aprendizaje. Es por eso que desde el Cepca insistieron en la importancia de la cogobernanza entre el sistema educativo y las familias, pero también en la implicación de las administraciones públicas. En esta línea, manifestó que llevan años trabajando en primera línea, conociendo y trasladando a la sociedad las consecuencias y dificultades de las nuevas tecnológicas para los jóvenes, sin embargo, sienten que tienen que defender continuamente la parte negativa de Internet y las redes sociales: «Son las grandes empresas tecnológicas las que tienen que demostrar los beneficios de Internet a la sociedad, pero no pueden. La evidencia científica es contundente», apuntó Belén Alvite mientras señalaba que, paralelamente, las administraciones públicas se deberían plantear serias medidas que impongan controles más estrictos a estas empresas.

En esta misma línea se mostró ayer la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) de Ibiza, Pepita Costa, quien exigió también leyes de Internet más «restrictivas» que eviten, entre otros usos, el acceso de jóvenes a la pornografía. «Es esencial defender con leyes la necesidad de educar», apuntó con rotundidad al mismo tiempo que reclamaba más formaciones y charlas a los docentes y padres. «La prohibición del uso de los móviles debería ir precedido por un debate social entre la comunidad educativa y las familias», señaló Pepita Costa, resaltando que es una problemática que «nos implica a todos» y, por eso, debe ir acompañada de más formación educativa. En este sentido, se mostró a favor de generalizar esta prohibición y extenderla a todos los centros de Balears, aunque aclaró que esta medida se estaba aplicando en muchos de los centros de las Islas.

«Todos tenemos que dar ejemplo y no hacer un uso abusivo de las tecnologías para que nuestros hijos sean conscientes de los riesgos que supone Internet», subrayó. Sin embrago, puntualizó que, aunque las familias acepten esta normativa, consideran que antes de prohibir es necesario negociar el cambio de hábito, ya que las actitudes de mejora no se consiguen con prohibiciones sino negociando. Es por eso que alabó la reunión entre los técnicos de Educación y la Mesa de l’Alumnat de Balears para hablar sobre el borrador de instrucciones elaborado por la Conselleria.