Dos turistas saliendo de un hotel en Ibiza.

Dos turistas saliendo de un hotel en Ibiza. | Archivo

R.I.Ibiza01/12/23 0:31
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La inspección de trabajo llevó a cabo en Baleares 8.400 actuaciones desde 2014 a través de cuatro convenios firmados con el Govern balear. La última de ellas se realizó durante la temporada turística de este 2023, según ha informado en un comunicado el Sindicato de Inspectores de Trabajo. La misma entidad ha señalado que, en todo este tiempo y a través de estos cuatro acuerdos entre la comunidad autonómica y el Ministerio de Trabajo se han llevado a cabo, además, 17.159 transformaciones de contratos temporales en indefinidos.

Según ha indicado la entidad en un comunicado, estas actuaciones han beneficiado a más de 36.200 personas en las Islas. Así, se han materializado 2.460 ampliaciones de jornada en contratos de trabajo a tiempo parcial y se ha conseguido sacar del mercado negro «al menos a 900 personas trabajadoras». En 2023, además se llevó a cabo un control específico en materia de tiempo de trabajo que ha tenido como resultado el levantamiento de 102 actas de infracción.

Este sindicato ha recordado que estas campañas comenzaron en 2014, fecha en la que se firmó el primer convenio con el objetivo de luchar «contra el trabajo no declarado, empleo irregular, el fraude a la Seguridad Social y en materia de formación profesional». En 2023, todos estos objetivos se han reforzado persiguiendo «conductas que perjudican gravemente los derechos de los trabajadores y el sostenimiento del sistema de Seguridad Social».

Estos convenios, a los que el Govern de Marga Prohens ha renunciado recientemente, preveían el traslado a las Islas de inspectores procedentes de otras zonas de España destinados a campañas específicas y cuya estancia en el archipiélago debía sufragar el Govern. Entre sus funciones se encontraban las de «control del trabajo no declarado, las modalidades de contratación utilizadas, especialmente las temporales y de duración determinada, el contrato a tiempo parcial, de acuerdo con las previsiones legales y convencionales en la materia, el control de la correcta cotización a la Seguridad Social y de los incumplimientos en la aplicación y destino de ayudas y subvenciones para el fomento del empleo y formación profesional para el empleo».