Pleno del Consell de Ibiza celebrado este viernes. | Juan A. Torres

El pleno del Consell d'Eivissa ha aprobado este viernes de forma inicial y con los votos a favor del PP y Vox el reglamento por el cual se establecen los criterios de autorización de los centros de atención a la infancia de 0 a 3 años, las denominadas guarderías, en la isla de Ibiza. Un documento que supone «un marco de seguridad jurídica», en palabras de la consellera de Benestar Social, Carolina Escandell, y cuya redacción se ha llevado a cabo con la colaboración de los agentes del sector.

No obstante, desde el grupo socialista, que se abstuvo en la votación, se ha criticado que este reglamento «llega una legislatura tarde y el retraso no está justificado». Según el conseller Víctor Torres, el reglamento aprobado este viernes «es muy similar a los que se han hecho en Mallorca y Menorca. Para hacer un ‘copia y pega' no eran necesarios tantos años».

Por su parte, el conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, se mostró satisfecho con el texto aunque echó en falta «más ambición» y que los criterios fueran más similares a los de las ‘escoletes'.
Carolina Escandell afirmó que en la pasada legislatura pidieron a la Conselleria de Asuntos Sociales «un paraguas jurídico común» para todas las islas. «Tenemos dudas de por qué tenemos que tener reglamentos diferentes para cada isla con similares características». apuntó la consellera de Bienestar Social.

Criterios

El texto aprobado en pleno, para el que ahora se abre un periodo de 30 días para presentar alegaciones, propone las características mínimas que tendrán que cumplir los centros en cuanto a espacios, instalaciones, alimentación, almacenes, baños, espacios exteriores y seguridad.

En este sentido, cada unidad deberá dispone de un aula con una superficie mínima de 30 m2. En el caso de la unidad de 0 a 1 año, deberá contar con un espacio separado para el descanso de los bebés, otro para la preparación de biberones y otro diferenciado para el cambio de pañales. La unidad de 1 a 2 años tendrá que contar con todo lo anterior a excepción del espacio para preparar biberones, mientras que las aulas de 2 a 3 años contarán con una cámara de baño con un mínimo de dos lavabos, dos inodoros y una instalación idónea para la limpieza del cuerpo entero.

En cuanto a la alimentación, se estipula la necesidad de disponer de espacios adecuados para la conservación, manipulación y preparación de alimentos. Los menús tendrán que ser variados, equilibrados y respetar preceptos religiosos y culturales y ser planificados y supervisados por un médico o especialista en dietética o nutrición.

Las guarderías deberán tener un espacio exterior de uso exclusivo del centro con una superficie total no inferior a 75 m2 de superficie transitable para los niños. El reglamento también incide en las ratios de personal, que en el caso de bebés de 0 a 1 año será de 1/7, en los de 1 a 2 años será de 1/12 y en los de 2 a 3 años será de 1/18. Además, se establece un máximo de entre 10 y 20 niños dependiendo del grupo de edad.

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Amadiba

El caso Amadiba ha vuelto este viernes al pleno del Consell d'Eivissa, donde se ha suspendido el recurso de alzada presentado por la asociación contra la decisión de la institución insular de no pagar los más de dos millones de euros que le adeuda al estar el asunto judicializado. El portavoz del PSOE, Josep Marí Ribas, criticó que se llevara esta cuestión al pleno y que en la pasada legislatura se judicializara. «El acuerdo (del Consell Executiu de trasladar el asunto a Fiscalía) se aprobó el día antes de la imputación de Vicent Marí, se hizo para taparlo. Me temo que la intención de esta demanda y de llevarlo al juzgado es una actuación política», ha asegurado ‘Agustinet', a la vez que apuntaba que «de momento, no hay nadie imputado ni se ha llamado a nadie a declarar». Sin embargo, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza ha citado a declarar a la exconsellera de Benestar Social Lydia Jurado como investigada.

Un dictamen jurídico elaborado por el Consell apunta a la posible existencia de delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas, tráfico de influencias, fraude a la Administración pública o falsedad documental en la contratación verbal y sin existencia de contrato de los servicios de Amadiba en la legislatura 2015-2019, con el socialista Vicent Torres al frente de la institución insular.

El conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, ha apuntado que en este asunto «se ha priorizado el desgaste del adversario político en vez del pago de la deuda a la entidad. Llevarlo a la Fiscalía tiene un componente político más que nada. Confiamos en que no se encuentre nada y que ustedes pidan perdón a la entidad por estos cuatro años en los que han sido incapaces de resolver esta situación».
La actual consellera de Benestar Social, Carolina Escandell, ha justificado que el motivo por el que se ha llevado esta cuestión a pleno es por la nueva Ley de Consells Insulars, que «nos obliga a hacerlo así, nos guste o no». Escandell ha destacado que en la legislatura pasada «se intentó por activa y por pasiva» pagar los servicios de Amadiba «que nadie reconoce haber encargado».

Mociones

En la sesión de este viernes también se aprobaron por unanimidad dos mociones presentadas por el PSOE relacionadas con la mejora de la seguridad de los ciclistas y el plan de adecuación de las paradas de autobús. El equipo de gobierno del PP también apoyó el punto de la moción sobre el decreto de vivienda para «seguir reclamando inversiones en los presupuestos del Govern para ejecutar proyectos de vivienda pública en Ibiza».

El conseller de Unidas Podemos también vio cómo el PP apoyó su moción para reactivar las ayudas a la compra de bicicletas. Una propuesta que no gustó al portavoz de Vox, Jaime Díaz de Entresotos: «No veo que sea una cuestión prioritaria ni que tengamos que gastar dinero público en ello».

Por unanimidad se aprobó la moción del PP para reclamar que se complete la plantilla de la DGT en Ibiza y la de Unidas Podemos para reclamar la adecuación de la representatividad de la isla de Ibiza en el Parlament balear cuyo redactado fue consensuado entre todaos los grupos.

En cambio, no salió adelante la propuesta de UP para que el servicio de autobús continúe siendo gratuito cuando acabe el año. El equipo de gobierno se comprometió a seguir destinando la mitad del dinero que supone esta medida en caso de que el Gobierno o el Govern pongan la otra mitad.