Las Pitiusas registraron el pasado año un total de 9.037 actuaciones de asistencia jurídica gratuita, 5.045 correspondientes al turno de oficio y 3.992 a asistencia letrada al detenido, lo que supone un aumento del 15 por ciento en comparación con 2021.
Según han informado este martes desde el Colegio de Abogados de Baleares en rueda de prensa, los más de 70 abogados adscritos en las Pitiusas a los servicios del turno de oficio y asistencia letrada al detenido llevaron a cabo en 2022 una media superior a las 750 actuaciones de justicia gratuita cada mes.
Estos profesionales realizaron el año pasado en Ibiza las 9.037 actuaciones de justicia gratuita, una cantidad que supone un aumento del 17,88 por ciento en relación con 2021.
En relación a esta cifra, un total de 4.281 estuvieron relacionadas con delitos de penal, menores y violencia de género. En 2021 fueron 3.462.
Otras 116 actuaciones -frente a las 112 de 2021- estuvieron relacionadas con acciones de tipo laboral y 536 -714 el año anterior- con actuaciones de tipo civil.
CONSOLIDACIÓN AL ALZA EN 2023
Según ha informado el Colegio Oficial balear, los datos del primer semestre de este año consolidan la tendencia al alza de la justicia gratuita en Ibiza y Formentera, dado que entre enero y junio de 2023 el número de actuaciones supera ya las 3.600, un 15 por ciento más en relación con el mismo período del 2022.
Entre otros datos, en el primer semestre del año se han registrado 1.978 actuaciones relacionadas con delitos penales, violencia de género y menores frente a las 1.533 del mismo periodo de 2021.
En relación a civil, ha habido 392 actuaciones frente a 441 del primer semestre de 2021 y en laboral, 59 en este primer semestre de 2023 frente a las 46 del mismo periodo del año anterior.
En total, ha habido 3.608 actuaciones de justicia gratuita en este primer semestre (3.135 en 2021) y, de ellas, 2.429 son de turno de oficio y otras 1.179 son de asistencia letrada al detenido.
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL BORDE DEL COLAPSO
Desde la entidad balear han denunciado que el aumento en el número de asuntos se produce «en uno de los momentos más críticos que está viviendo una Administración de Justicia prácticamente paralizada y al borde del colapso como consecuencia, no solo de la histórica falta de medios e inversiones que padece, sino también por los efectos de las huelgas que se suceden en la Justicia desde principios de este año».
En este sentido, han lamentado que los retrasos y las suspensiones que se están acumulando en los juzgados «ante la pasividad de los poderes públicos», están «causando serios perjuicios económicos a los abogados que trabajan en los tribunales y, lo que es peor, afectando de forma muy grave a muchísimas personas que esperaban encontrar una solución a su problema en la Justicia y que ven cómo el juicio o la actuación judicial que llevaban meses o, incluso, años esperando queda suspendido sine die», ha afirmado el decano Martín Aleñar.
Aleñar ha recordado que el propio Consejo General del Poder Judicial calcula que sólo en el primer trimestre de 2023 se han dejado de celebrar en Baleares un 16 por ciento de los juicios que estaban señalados, mientras que los asuntos repartidos pendientes de ser aceptados crecieron un 33 por ciento.
Finalmente, ha instado a los poderes públicos, además de a adoptar soluciones urgentes para frenar el deterioro, a que lo antes posible «se pongan a trabajar en un pacto de Estado que implique a todos y que sirva de base para conseguir una justicia moderna y eficaz».
En relación con el turno de oficio, el decano ha expresado el lógico malestar de este colectivo por el «ninguneo» al que le han sometido los sucesivos ministerios de Justicia y ha exigido que se aborde la reforma urgente de la Ley de asistencia jurídica gratuita.
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