Costas no garantiza cumplir plazos para salvar el PGOU de Vila

Este informe es obligatorio para poder sacar adelante el nuevo PGOU, tal y como establece en su artículo 117.2 la Ley de Costas: «Concluida la tramitación del plan o normas de que se trate e inmediatamente antes de la aprobación definitiva, la Administración competente dará traslado a la del Estado del contenido de aquel para que, en el plazo de dos meses, se pronuncie sobre el mismo».

El problema es que el nuevo PGOU contiene un informe de impacto ambiental que es clave en esta tramitación y que caduca el día 14 de julio. De este modo, si la Dirección General de la Costa y el Mar apurara los dos meses que tiene de plazo, el informe de impacto ambiental quedaría anulado y sería necesario empezar de nuevo todo el procedimiento, lo que supondría más años de retraso para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana.

Las fuentes del ministerio consultadas por este periódico, se han limitado a recalcar que la Dirección General de la Costa y el Mar dispone de estos dos meses para emitir su dictamen y que el plazo concluye el día 26 de julio. También han indicado que «este instrumento urbanístico ha sido informado en seis ocasiones». «La última de estas respuestas», han añadido, «fue después de que el Ayuntamiento de Ibiza remitiese el documento de la segunda aprobación provisional de la revisión del PGOU solicitando la emisión del informe previo a la aprobación definitiva». La respuesta a esta última petición fue enviada por el ministerio el 11 de abril de 2022 «e incluía consideraciones a subsanar con carácter previo a la aprobación definitiva». Es decir, la administración municipal tuvo algo más de un año para solventar los defectos detectados y, a través del Consell d'Eivissa, solicitar el último informe, que es el que se ha pedido el 25 de mayo.

A principios de esta semana, tanto el presidente del Consell, Vicent Marí, como el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, advirtieron de que sería «catastrófico» que el informe no llegara a tiempo. Marí recordó que el Consell adelantó la sesión de constitución de la nueva corporación insular precisamente para poder conformar cuanto antes la Comisión para la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico (CIOTUPHA), por la que deben pasar todos los informes del PGOU antes de su aprobación definitiva y que ha sido constituida precisamente este viernes. El presidente aseguró entonces que la institución está «en contacto constante» con la Administración estatal para conseguir que emita el informe a tiempo. «Cada día llamamos», aseguró, «tanto Vila como el Consell, para que el informe llegue».

El primer edil de Ibiza, Rafa Triguero, se pronunció en el mismo sentido. Triguero señaló que ha realizado todas las gestiones que están en su mano desde que fue investido alcalde para poder sacar adelante el PGOU en los plazos previstos. Así, explicó que el 3 de junio se reunió con su antecesor en el cargo, el socialista Rafa Ruiz, para que este le proporcionara los contactos necesarios para poder trabajar en esta cuestión. Días más tarde, el Ayuntamiento remitió un escrito a la Demarcación de Costas pidiendo «priorizar» la emisión del informe estatal. «Estamos en contacto con la Demarcación de Costas en Baleares y en Madrid», señaló, «y me consta que su disposición es la de acelerar el trabajo. Hay que tener claro que, si este documento caduca (en referencia al informe de impacto ambiental), habrá que empezar de nuevo de cero. Por eso es tan importante que prioricen su revisión y que nos remitan el informe para que la CIOTUPHA pueda hacer también su parte»