La interventora del Consell de Ibiza, a su llegada a los Juzgados. | Daniel Espinosa

La interventora del Consell d'Eivissa, Marian Tur, ha declarado durante más de tres horas ante el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza, donde ha confirmado todas y cada una de sus acusaciones contra el presidente de la máxima institución ibicenca, Vicent Marí. Según ha indicado el abogado de la interventora, David Salvà, Tur ha declarado ante el juez que «viene sufriendo un delito, para ella, de acoso y coacción, ha confirmado la supuesta ilegalidad de ‘La vida islados' y ha respondido a todas las preguntas que se le han hecho».

El abogado ha señalado a su vez que Vicent Marí «sólo ha respondido a las preguntas de su señoría y del fiscal», algo a lo que tiene derecho, «y no a las formuladas por esta acusación particular ni a las de las acusaciones populares. Nos hemos quedado con ganas de preguntarle algunos aspectos», ha reconocido.

David Salvà ha indicado que «ahora se abrirá la fase de pruebas», donde esperan poder demostrar «lo que tenemos que demostrar las acusaciones». Asimismo, han adelantado que solicitarán la declaración de los médicos que han estado tratando a Marian Tur, además del forense «y creo que vamos a llamar al órgano de contratación de ‘La vida islados', que es quien parece ser que habló con las empresas que finalmente fueron adjudicatarias del vídeo, pero tenemos que pensarlo un poquito».

Ha recordado que hay que demostrar lo que dice el Fiscal en su querella y ha insistido en que «fue el Fiscal el que puso la querella y nosotros estamos como acusación particular. Y entendemos que la Fiscalía lo tiene claro también».

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David Salvà había manifestado a su vez, a su llegada a los juzgados de Ibiza minutos antes de las 11 horas, que se esperaban la decisión del juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza de desestimar la orden de alejamiento planteada contra el presidente de la institución insular, Vicent Marí, «porque dice que es un momento temprano» de la causa. «Nuestra idea es volverla a pedir», ha asegurado el abogado de la interventora, «pero antes llevaremos a declarar a los médicos, porque seguimos creyendo que hay que proteger a la señora Tur».

De hecho, como novedad, Salvà ha señalado que presentarán un informe médico actualizado a fecha del mes de junio de este año. El objetivo es demostrar que el problema psicológico que tiene su clienta «es continuado en el tiempo. Empezó hace más de tres años, en 2019, y continúa ahora, y lo importante en cualquier víctima es protegerla en el momento que sea». «El daño sigue persistiendo», ha insistido, «y es lo que aportamos hoy».

Justamente el auto del juez que denegaba también esta orden de alejamiento porque «no existe dato alguno que permita inferir la existencia de riesgo para la denunciante que justifique las medidas cautelares solicitadas, teniendo en cuenta que los hechos que se investigan como posible perjudicada a la señor Tur ocurrieron entre finales de 2019 y noviembre de 2020». En este sentido, en todo este periodo de tiempo, según continubaa explicando el magistrado, «ninguna medida cautelar ha sido solicitada por parte de la denunciante durante casi tres años transcurridos y no se ha producido ningún incidente durante este período de tiempo que revele la necesidad de adoptar medidas restrictivas para el investigado». Por todo ello, según concluía el juez, no consideraba necesaria la orden de alejamiento.

Salvà ha reconocido a su vez sentirse «sorprendido» de que no se hayan tomado decisiones políticas desde Madrid al respecto, «porque creemos que es muy delicado que una alta ejecutiva del Consell esté en una situación así».