Amadiba presentará este mes el contencioso para cobrar los 2,2 millones que se le deben

Según ha explicado, se está encargando de esta preparación «un gran despacho de abogados de Madrid» que está llevando el caso pro bono, es decir, que lo está haciendo de forma gratuita. Entre otras cosas, los letrados tienen que demostrar que el Consell insular hizo una encomienda verbal a Amadiba para la realización de una serie de servicios en la isla y, por otro lado, que la falta de pago por parte de la institución a la organización sin ánimo de lucro «está causando un empobrecimiento a la entidad».

La intención de Amadiba era haber puesto el asunto en manos de los tribunales ya en el mes de febrero de este mismo año, pero sus abogados les señalaron que, al encontrarse lo relativo a la contratación en Fiscalía, la Justicia lo paralizaría hasta que concluyese esa vía.

Esto supuso un jarro de agua fría para la asociación, ya que confiaban en que se iba a arreglar todo lo relativo al pago a lo largo de la presente legislatura. «Si lo llegamos a saber presentamos el recurso contencioso-administrativo en 2019», señaló en su momento Jane King. «Hay una cuestión entre el anterior equipo de Gobierno y el actual equipo de Gobierno y volvemos a estar, años más tarde, sin cobrar, al igual que antes», resumió.

Hay que recordar que durante varios meses de 2017, en un global total de 184 días, la asociación dio servicio de vivienda supervisada a un total de 10 mayores de 18 años con discapacidad intelectual con un coste 184.478,40 euros. Además, atendió en vivienda supervisada a cinco menores de 18 años con discapacidad intelectual, lo que generó un coste de 122.985 euros.

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En el conjunto de 2018, el coste del centro de día y el transporte sumaron otros 515.000 euros, mientras que las viviendas supervisadas, tanto para mayores como para menores de 18 años, alcanzaron un coste de unos 610.000 euros.

Según datos de mayo de 2020, un total de 32 personas en Ibiza eran atendidas en el servicio de educación de Amadiba; otras 33 personas en el servicio de inclusión escolar; 24 en el de atención diurna; 16 personas más en la atención residencial y 44 en el servicio de formación en inserción laboral.
Hasta la fecha, la asociación continúa realizando facturas mes a mes y cobrando sus servicios a través de reconocimiento de deuda.

Lydia Jurado, investigada

Por otra parte, y según adelantó Ser Ibiza, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, ha citado a declarar como investigada a la exconsellera insular de Bienestar Social, la podemita Lydia Jurado, por el denominado caso Amadiba a raíz de una denuncia interpuesta por el actual equipo de Gobierno. Dicha denuncia se basa en un dictamen jurídico emitido por un técnico de la institución en el que apunta que algunos representantes del anterior Ejecutivo podrían haber cometido presuntamente los delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios públicos, tráfico de influencias, fraude a la administración pública y falsedad documental, entre otros.

El dictamen jurídico destaca a su vez que Jurado firmó dos contratos con Amadiba sin seguir el procedimiento legal previsto, por lo que se podrían haber elaborado de forma fraudulenta.
En relación a esta información, Amadiba ha emitido un comunicado en el que ha asegurado que la entidad «es absolutamente ajena a cualquier investigación penal». Han destacado asimismo que son «una entidad sin ánimo de lucro y de utilidad pública que, desde el año 1995, se desvive para cumplir su gran objetivo de apoyo a las familias de personas con discapacidad intelectual, dando una atención de calidad a las personas con discapacidad, las 24 horas del día de los 365 días del año -a través de servicios diurnos y residenciales y de apoyos a las personas con discapacidad-, así como servicios de conciliación y apoyo familiar».

«Lo único que ha hecho Amadiba es cumplir con sus fines de interés general», han recordado en su escrito, «prestando unos servicios sociales de atención y apoyo integral a la persona con discapacidad intelectual que hasta el año 2017 eran inexistentes en Ibiza, todo ello por orden y mandato del Consell de Ibiza, confiando en todo momento en la legitimidad y la legalidad de la actuación administrativa».

En este sentido, han insistido en que crearon «una red de servicios sociales en Ibiza por orden del Consell, servicios que continúa prestando a día de hoy» sin que la máxima institución insular «haya procedido al abono de dichos servicios». «Nos encontramos ante una situación devastadora con una deuda que asciende a 2.232.172,48 €», han relatado en el comunicado, «situación que pone en grave riesgo la viabilidad de estos servicios sociales vitales y esenciales en nuestra isla para la atención de las personas con discapacidad y sus familias», concluyen.