La justicia gratuita en las Pitiusas retoma cifras previas a la pandemia

Del total de estas actuaciones, 4.495 corresponden al turno de oficio propiamente dicho y 3.171 son relativas al servicio de asistencia letrada al detenido, que incluyen las realizadas en los centros de detención y las practicadas cuando los detenidos pasan a disposición judicial. Así, la isla registró una media de casi 640 actuaciones mensuales.

Martín Aleñar y Carmen López indicaron que, «pese al esfuerzo indudable de los abogados de oficio y pese a que, con pandemia o sin ella, cumplen eficaz y puntualmente con sus obligaciones, este año se vuelven a reproducir los problemas y retrasos en los pagos por parte del Ministerio de Justicia».

En este sentido, recalcaron que el Ministerio debe a los letrados del turno de oficio los meses de abril, mayo y la mayor parte del mes de marzo, un retraso de casi tres meses que supone «un grave incumplimiento respecto del compromiso de pago puntual que asumió el Gobierno». El bloqueo tiene su origen, siempre según el decano y la responsable de la Comisión, en que, por un lado, Justicia ha cambiado el programa informático de la gestión de estos pagos «que obliga a colegios y a abogados a introducir toda una maraña de datos que antes no se pedían» y, por otro «en la existencia de ciertas discrepancias respecto de algunos pagos».

A todo ello, añadieron, se une «el incumplimiento de los pagos» en el ámbito penal cuando estos letrados son designados judicialmente para defender a justiciables a quienes, después, se niega el beneficio de la justicia gratuita por no haber presentado la documentación que se les requiere. «En este caso», afirmó el decano, «los pagos se encuentran bloqueados porque el Ministerio se ha inventado una instrucción, que no está recogida en ninguna normativa, de manera que ahora establece que solo los pagará si el abogado demuestra que ha hecho todo lo que tenía que hacer para cobrar del justiciable, mediante un procedimiento de jura de cuentas».