EI-700, la carretera que conecta Sant Josep y Sant Antoni, cuya ampliación es una de las inversiones solicitadas por el Consell.

El dinero del convenio de carreteras de la isla de Ibiza para los próximos años está en el aire desde que el Gobierno central presentó la semana pasada los Presupuestos Generales del Estado. Unas cuentas públicas en las que no se reserva ni un sólo céntimo para proyectos viarios en la mayor de las Pitiusas, tampoco hay partida alguna para los convenios de Mallorca y Menorca.

Mientras dirigentes socialistas de las islas, como la diputada ibicenca Sofía Hernanz, aseguraban que los nuevos convenios de carreteras «todavía se están negociando con los consells» y que «su dotación está garantizada a cargo de los presupuestos de 2022», el Consell menorquín preguntó sobre la financiación viaria al Ministerio de Transportes, ya que tiene su convenio caducado y a la espera de garantizar la disponibilidad del dinero no gastado, y la respuesta fue clara y contundente: no se firmarán más convenios directos con los consells, sino que los fondos serán transferidos a través de la Comunidad Autónoma. Una decisión que responde a una orden del Ministerio de Hacienda.

Esto supondría que tanto Ibiza como Mallorca y Menorca tendrían que empezar a negociar directamente con el Govern balear las inversiones viarias a financiar con el dinero del factor de insularidad del REB, que asciende a 180 millones de euros, algo que no tendría que hacer Formentera, ya que sí que cuenta con un convenio firmado con anterioridad.

A pesar de esta evidencia, desde la máxima institución ibicenca, aseguraron ayer que «a nosotros nadie nos ha comunicado nada», por lo que «nuestro contacto» en lo referente a la firma del nuevo convenio de carreteras «sigue siendo la Subdirección General de Coordinación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana».

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De cualquier forma, recordaron que la tramitación de los proyectos «es independiente de con quién se negocie políticamente», pero que «para tramitar hace falta una partida presupuestaria». Según dijo el conseller de Infraestructuras Viarias, Mariano Juan, «el problema que tenemos ahora mismo es que estamos negociando con el Ministerio una serie de obras que no aparecen en el proyecto de presupuestos».

Antes de que los consells negocien con el Govern las inversiones en carreteras, el Ejecutivo de Armengol ha de pactar con el Estado las inversiones a ejecutar a través de los fondos del REB en la comisión bilateral prevista en el acuerdo.
15 millones pendientes de cobro

El Consell d'Eivissa recordó que hace unos meses que ya había empezado a negociar el nuevo convenio de carreteras con el Ministerio, en aquellos momentos encabezado por José Luis Ábalos.

De hecho, además de justificar los 15 millones de euros que todavía quedaban pendientes de cobrar, la máxima institución ibicenca ha presentado al Ministerio una serie de propuestas para incluir en el futuro convenio como la reforma integral de la E10, la ampliación de la carretera de Sant Josep a Sant Antoni o la reforma de la carretera de Cala Llonga, desde Santa Eulària hasta Jesús. La inversión necesaria es de 123 millones de euros.