«No hay falta de aparcamiento para los residentes, sí para los de fuera»

—Acaba de sacar a licitación el nuevo censo de viviendas de Vila por casi 400.000 euros. ¿Qué se pretende con este censo?

—Tenemos 24.000 viviendas de las cuales sabemos que hay casi 6.000 en las que no hay ninguna persona empadronada. El Ministerio de Agenda Urbana hace estudios macro sobre la vivienda, pero nosotros necesitamos uno micro para conocer qué sucede con cada unidad registral. Si no hay nadie empadronado, puede ser una segunda residencia, una vivienda vacía o dedicada a alquiler turístico ilegal. Queremos movilizar esas viviendas hacia un mercado de alquiler anual. Hay que seguir construyendo VPO y el Ayuntamiento sigue cediendo suelo público. Pero la existencia de estas viviendas nos confirma que, en realidad, el problema no es de carencia, sino de uso. Este censo también nos va a servir para conocer realmente qué numero de personas están empadronadas en cada vivienda.

—¿De qué manera puede el Ayuntamiento forzar a los propietarios?

—No se trata de forzar. Pero, si una persona está cometiendo irregularidades haciendo un uso comercial de la vivienda, se le puede invitar a que haga el uso adecuado porque, si no, estará incumpliendo la Ley de Estancias Turísticas. Por otro lado, con la puesta en marcha de la Oficina de Vivienda, que ahora estamos negociando con el Ibavi, lo que pretendemos es ser un tercero de confianza entre propietarios e inquilinos. A través de Servicios Sociales se hará un perfil de demandantes de vivienda, de forma que los propietarios tengan esa información oficial para que puedan estar tranquilos al ver que no le van a alquilar su piso a alguien que lo realquilará.

— Esa intervención de los Servicios Sociales lleva a pensar otras cosas.

—Que sea un asistente social el que haga el perfil no significa que tengas que tener unos ingresos determinados. Hay que tener en cuenta que una cosa es la exclusión social y otra la residencial. Aquí mucha gente gasta el 80% de su salario en alquilar y están en riesgo de exclusión residencial.

—¿Cómo se intervendrá en las zonas tensionadas?

—Habrá que ver el precio de referencia. También distinguir entre grandes propietarios, con más de 10 viviendas, o pequeños. Si se trata de grandes, las rentas se bajarán. Si es uno pequeño, se limitará a la media de ese momento. Todo esto estará relacionado con el censo de viviendas y con la oficina. Además, habrá que ver por zonas, edificios dentro de zonas, desequilibrio entre esas zonas…

—Toda la isla está en la misma situación.

—Cierto. La vivienda se utiliza como bien de intercambio. Si es un bien de uso, se usa por un precio razonable. Cuando es intercambio puro y duro, depende de la especulación. Esto es lo que queremos eliminar a través de la Ley de Vivienda. Favorecer el derecho al acceso a la vivienda, que está regulado por la Constitución. Esta también dice que toda riqueza estará supeditada al interés general. No se está planteando nada inconstitucional.

—Los ciudadanos llevamos décadas oyendo estas cosas pero las VPO son solo un poco más baratas que la vivienda libre.

—Con políticas como la liberalización del suelo del PP, que permitía la construcción de VPO de promoción privada, te encuentras que un piso te puede llegar a costar 300.000 euros. La clave está en la promoción. Si se trata de una promoción pública, la propiedad permanecerá en manos de la Administración, que hará un alquiler social. El inquilino tendrá que pagar, como mucho, un 30% de su renta.

—¿Qué opina del asunto de los contratos menores de su socio de gobierno? El PP les acusa de «clientelismo» y de haber convertido el Ayuntamiento en un «chiringuito».

—Sus palabras resultan entrañables considerando que es un partido condenado por corrupción. Saben perfectamente que los contratos menores son legales y, además, habituales en todas las administraciones.

— No se critica que se hagan contratos menores sino que se estén dando a personas cercanas al PSOE.

—No es por decir «y tú más», pero me gustaría saber cómo es posible que el Consell contrate a dedo un vídeo de promoción por 300.000 euros y sea el mismo PP el que se rasga las vestiduras por un contrato menor hecho con toda la rigurosidad de la ley. Le recuerdo que la interventora del Consell tuvo que dimitir por este contrato del vídeo.

—Es raro que alguien de Unidas Podemos justifique esto escudándose en lo que hacen los demás.

—No estoy justificando nada. Estoy diciendo que el vídeo de los 300.000 euros tendría que haber salido a licitación y, sin embargo, se hace hincapié en un contrato que se dio…

—Perdone pero la Sindicatura de Cuentas pone en el punto de mira casi 900 contratos menores de Vila.

—La Sindicatura dice que se están utilizando estos contratos de forma habitual. Y es algo que sucede en todas las administraciones. No es ilegal. Tiene que quedar todo claro y hay que explicar porqué se da a una empresa concreta. Pero, si es legal, ¿qué problema hay? De todos modos, si se confirma que algo es ilegal, está claro que no lo apoyaremos.

—Quieren sacar los coches de la ciudad, quitan aparcamientos, abren carriles bici… ¿Qué harán con los coches que vienen de fuera? ¿Y con los turistas?

—El equipo de gobierno está para hacer una ciudad más amable para los residentes en el municipio. Hay más de 70 asociaciones que piden carriles bici y hacemos caso a las demandas de la sociedad civil. Por otro lado, creo que para los residentes la falta de aparcamiento no es cierta. Otra cosa es para los que vienen de fuera, que tienen que aparcar en los aparcamientos disuasorios. La ciudad tiene que ser más amable, paseable.

—Los carriles bici tienen sentido en una ciudad de grandes avenidas.

—Con un carril bici se pretende dar seguridad a los ciclistas. Podrás venir de Marina Botafoc hasta la avenida Sant Josep y luego todo lo que es la E-10. Después se podría ir desde Can Murtera hasta el puerto. Es un anillo para preparar la ciudad para que todo el mundo pueda ir en bicicleta.

—La inmensa mayoría de la gente no va en bicicleta.

—Porque no estamos acostumbrados a esa forma de movilidad. Nosotros queremos poner un servicio de alquiler de bicis públicas a precio asequible y, para los que usen la suya, abriremos aparcabicis seguros. Tenemos que intentar hacer un cambio de modelo de movilidad que redundará en una ciudad más pacificada y cómoda.

—¿Por qué no se han podido construir dos campos de césped natural en Can Cantó de forma urgente si Menorca pudo levantar un pabellón para 5.000 personas en tan solo 100 días?

—¿Dos campos de fútbol en 100 días? ¿De verdad me está preguntando eso? (Risas). Desconozco cómo las administraciones de Menorca han podido tramitar el suelo, licitar el pabellón y construirlo en 100 días. Por mi experiencia, creo que hacer tantos trámites en tan poco tiempo es prácticamente inviable. Por otro lado, no sé por qué se habla ahora de dos campos. El Ayuntamiento ha reaccionado lo más rápido posible pero, en plena pandemia, no podía hacer un gasto en un campo de fútbol sin saber si el equipo iba a subir o no. Se hizo trabajo interno por si subía para que dispusiera de un campo. Existe esa necesidad de tener otro campo para atender a los diversos equipos que hay y el Ayuntamiento ha iniciado los trámites necesarios para facilitar ese campo y, además, un colegio y un instituto, que también hacen falta. Es un nuevo equipamiento para todos los equipos de la ciudad. Será una instalación municipal que utilizarán los equipos que en ese momento lo necesiten.

—Yo he tardado casi tres meses empadronarme en Ibiza. Solo para conseguir cita, necesité más de un mes. Y, para tener el alta real, un mes y medio más. ¿A usted le parece normal?

—Ninguna ciudad de la Península tiene la presión de altas de empadronamiento que tenemos aquí. Seguramente por el tema de los descuentos aéreos. Estamos mejorando los procesos. Veníamos de uno mucho más tedioso. Usted misma con la clave digital podría haber solicitado el empadronamiento por Internet.

—Lo intenté, pero no funcionaba..

—A ver, la atención presencial está muy demandada, pero también estamos teniendo muchas solicitudes electrónicas. El registro siempre es electrónico. Entonces, lo que consideramos como SAC es algo de apoyo a la ciudadanía, es decir, el funcionario registra electrónicamente lo que usted le da. Pero el tratamiento siempre es electrónico. Luego está el tratamiento de la documentación, que se tarda en tramitar porque hay que informar al ayuntamiento de origen, al INE, a Fomento, etc.