Sant Josep no apoya el cambio legal para facilitar la lucha contra las fiestas ilegales

El Consistorio coincide con el Consell en que es necesario «encontrar un encaje jurídico que permita actuar contra los que se aprovechan de un vacío jurídico», pero considera que los cambios planteados podrían vulnerar la Constitución y que la propuesta está condenada al fracaso por «carencia de suficiente cobertura legal».

Las modificaciones legales planteadas por el Consell platean la inclusión en la Ley de Actividades de una definición de lo que es una fiesta multitudinaria prohibida y la facultad a los cuerpos de seguridad de paralizar, clausurar y desalojar una fiesta multitudinaria prohibida como medida provisionalísima sin necesidad de autorización judicial. También incluye un incremento de las sanciones para estos hechos y la definición de las personas contra las que se puede actuar como responsables.

«Desde la conciencia de que el problema de las fiestas ilegales en viviendas es especialmente grave en nuestro municipio, entendemos que el problema que tenemos y que las acciones propuestas no solucionan con suficiente garantía jurídica la dificultad de acceder a domicilio», indicaron.

Los servicios jurídicos municipales consideran que la propuesta del Consell vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio que recoge la Constitución y, por una cuestión de jerarquía judicial, tienen dudas fundamentadas de que las modificaciones jurídicas que se plantean puedan amparar y proteger a los funcionarios municipales en su actuación.

Cuestionaron, además, el contenido de una reforma que «cuando se presentó a los concejales no venía acompañada de ningún aval jurídico ni ningún informe de los servicios legales del Consell».

Consideran por otra parte que la mayoría de propuestas de intervención en materia de actividades que se plantean «ya están recogidas, cuando no mejoradas, por la actual legislación de Actividades» que recuerdan que permitió actuaciones sancionadoras como las realizadas en Can Soleil que fueron refrendadas por los juzgados.
El Ayuntamiento aboga por la reglamentación de las viviendas turísticas en la Isla como alternativa con mayor garantía de éxito. «Por esta vía se podría definir con exactitud la equipación de cada establecimiento y la obligación de limitar tanto la capacidad de emisión de los equipos sonoros como la capacidad máxima del establecimiento, hechos que se podrían sancionar con una evidencia menor».