«Se ha hablado con una empresa que ya estudia el proyecto de rastreo de fiestas»

—Desde el PSOE se ha calificado de ocurrencia la propuesta de un servicio de rastreo para detectar fiestas ilegales, ¿cree realmente que lo pondrán en marcha este verano?

—No me cabe ninguna duda de que estará en marcha este verano. Primero porque es obligación nuestra tenerlo, es una necesidad para salvaguardar la situación sanitaria en Ibiza. Las fiestas ilegales no son sólo un problema de orden público, que lo ha sido siempre, pero ahora suponen un riesgo evidente para la salud de las personas. En estas fiestas no sólo se han identificado turistas, también hay residentes y trabajadores de temporada que luego se mezclan con el resto de la población y pueden crear un problema si ha habido contagios. Así que es imprescindible tenerlo este verano.

—Con lo lenta y compleja que es la contratación pública, ¿cómo piensan hacerlo?

—Lo podemos hacer mediante un contrato menor. Debo decir que llevamos semanas trabajando en esta cuestión, no es una ocurrencia que sale a raíz de la reunión de esta semana. Ya habíamos tratado este tema en reuniones anteriores con los ayuntamientos y los responsables de los cuerpos de seguridad. Desde las policías se nos había planteado la falta de recursos y que se ven superadas por estos eventos por solaparse con sus tareas de orden público. El director insular del Estado lo recordó en la última reunión, hay delitos, hay temas de violencia de género, de control… cuestiones que también son prioritarias. Por eso empezamos hace tiempo a trabajar en esta posibilidad y ya teníamos estudiado qué se puede y qué no se puede hacer con este rastreador a nivel legal.

—¿Se ha tratado ya con empresas u otras administraciones que hayan tenido experiencias previas?

—Se ha hablado con una empresa que podría hacerlo y que ya está estudiando y buscando recursos para ofrecer un presupuesto. No es fácil venir a Ibiza, ni encontrar alojamiento, hay que buscar un perfil muy concreto para estos rastreadores y hay que pagarles los viajes. Pero ya se trabaja en ello, por eso digo que lo tendremos en marcha más pronto que tarde.

—Este servicio se integrará dentro del protocolo de actuación insular del que ya existe un borrador, ¿cuándo se tendrá un texto definitivo con el que trabajar?

—A este respecto quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Santa Eulària, que ha articulado el borrador y a los demás ayuntamientos que han hecho aportaciones. Hay que añadir algunas cuestiones nuevas que surgen en cada reunión, fruto de la experiencia en el control de fiestas ilegales y que los infractores también corren esta carrera. Pero será cuestión de días tener listo este protocolo. Aunque el protocolo no esté firmado ya hemos consensuado las líneas de actuación más eficaz con la ley en la mano.

—El marco principal de actuación que plantean es la Ley de Actividades de Baleares, ¿se había usado ya esta herramienta para controlar fiestas ilegales?

—Normalmente, cuando hay una fiesta ilegal a la Policía le llega una queja por ruido. La Policía se desplaza y lo habitual es que ponga denuncias por ruido u otros incumplimientos de ordenanzas municipales. Ahí el ayuntamiento puede sancionar o no, según las pruebas que tenga. Pero cuando ya hablamos de una fiesta organizada, con seguridad, logística de suministro, venta… ya se había enfocado por algún ayuntamiento a través de la Ley de Actividades. Desde 2013, se puede atacar este tipo de fiestas como actividades no permanentes sin autorización. La Ley es cierto que no es muy clara cuando habla de una actividad no permanente, pero en Santa Eulària o Sant Josep se han tramitado varios expedientes y la justicia ha avalado en algunos casos que el grado de organización y de afluencia de gente son determinantes a la hora de diferenciar un evento privado de una actividad no permanente. Aunque se celebre un cumpleaños o lo que se quiera, si existen esas características se necesitaría autorización.

—El gran problema que plantean las policías es poder acceder a los inmuebles, ¿con esta ley se podría hacer?

—No, seguirá siendo complicado. El domicilio es un bien muy protegido, por eso las policías no se atreven a realizar ese acceso. Cuando lo han hecho han sufrido denuncias que a veces prosperan y a veces no. Pero si los jueces ratifican que cuando existe una fiesta con unas determinadas características nos encontramos ante una actividad no permanente, ¿por qué tenemos que seguir tratándolo como una vivienda cuando ha dejado de serlo? El problema aquí es que hay una interpretación judicial de la ley, pero no existe una seguridad jurídica para la Policía. Tienen esa inseguridad de tener que valorar hasta qué punto puede entrar en una supuesta vivienda que en ese momento parece que no lo es.

—El borrador apunta que en caso de que existiera seguridad de que se trata de una actividad no permanente se podría entrar, ¿la policía no puede llegar a hacer esa valoración?

—Es correcto, pero no podemos cargar sobre los agentes la responsabilidad de suplir las carencias que hay en la ley. La ley debería ser clara en este aspecto. Bastante hacen ellos con jugarse el pellejo yendo cuatro u ocho agentes a una fiesta con 600 personas alcoholizadas. Ahí ya se juegan la piel. Es injusto decirle a los ayuntamientos que son ellos los que deben valorar si allí existe una actividad y luego enfrentarse a posibles consecuencias judiciales.

—En cualquier caso estamos hablado de algo a largo plazo, se pide desde el Consell al Govern que intervenga pero esto no daría solución al problema actual.

—No, claro, pero es un problema que no va a desaparecer. Tenemos que hacer un debate serio y profundo. Tampoco se puede permitir que la Policía entre en cualquier fiesta sin más, no digo eso. Hablo de un trabajo que se tiene que hacer con juristas de nivel, con constitucionalistas, que trabajen el tema de la inviolabilidad del domicilio. Ver si podemos afinar este concepto y deslindar lo que ocurre en una actividad no permanente. ¿Se pierde en ese caso la condición de domicilio? Creo que vale la pena, se puede trabajar en ello, estudiarlo y tal vez encontremos una vía que facilite el trabajo a las fuerzas de seguridad.

—En Sant Antoni, de las 33 denuncias por fiestas ilegales 3 eran en viviendas turísticas, ¿ha abierto expediente turístico el Consell por desarrollar actividades que no corresponden con la licencia?

—Hemos pedido oficialmente por escrito esos expedientes. Los datos que tenemos actualmente de Sant Josep y Sant Antoni son extraoficiales. Así que hemos solicitado las actas que se hayan levantado en cualquier tipo de inmueble en suelo rústico por este motivo a todos los ayuntamientos. No se nos ha hecho llegar oficialmente nada. Cuando así se haga analizaremos en qué casos estamos ante viviendas turísticas y qué medidas podemos tomar. La ley turística, que es la que nosotros podemos aplicar, no tipifica como infracción el desarrollo de fiestas tal cual. Tenemos que hacer una interpretación de estas normas más abstractas para poderlas aplicar. Analizaremos caso por caso para actuar con la ley de turismo. No nos faltarán esfuerzos ni voluntad de sancionar a esos establecimientos turísticos.

—¿Se podría llegar a retirar la licencia de estas viviendas como planteó en su momento la consellera balear de Presidencia?

—Efectivamente en última instancia, si la infracción es muy grave, se permite esta retirada de la licencia turística al propietario de la vivienda y darla de baja. Pero para una sanción tan grave se debe demostrar muy bien que desde el punto de vista turístico se ha producido un incumplimiento y la ley no contempla este caso específico, por lo que habrá que darle una vuelta. Pero insisto en que se analizará caso por caso y por supuesto que se actuará si se han producido infracciones de la Ley de Turismo.

—El corte de suministro es otra de las opciones que se contempla como medida cautelar, ¿se ha hablado con las eléctricas para poder agilizar este proceso?

—La ley de actividades permite este corte de suministro, pero se da un plazo de 48 horas. Además debe darse el caso de que exista peligro para la seguridad. Hay una serie de condicionantes, no se puede aplicar sin más. Esto sirve para una rave que dura una semana. Ha pasado en otros lugares y se ha aplicado. Pero esto no nos acaba de servir como medida inmediata en fiestas de una noche. Plantea problemas prácticos, porque, ¿con quién se habla a las 4 de la madrugada para que corten el suministro de luz? Por otra parte un corte de luz es una medida que requiere mucha seguridad, porque se puede estar cometiendo un delito de coacción.

—El Ayuntamiento de Sant Josep ha pedido al Consell que actúe en el tema de los Don Pepe, ¿por qué el Consell no quiere tomar la iniciativa?

—El Consell está tomando la iniciativa en el marco de sus competencias. Cuando se le pidió que hiciera un informe se hizo, sobre los puntos que se solicitaron. Es complicado que el Consell entre en cuestiones municipales porque es el Ayuntamiento el que realmente conoce el asunto. Con sus informes, desde el Consell hemos puesto encima de la mesa una serie de cuestiones para que el Ayuntamiento valore las posibilidades. Analizábamos aspectos como que resulta extraño que exista un edificio durante 50 años sin licencia, que sabemos que se pidió en los años 60. Se ha analizado la documentación para ver si era posible que se hubiera extraviado, para ver si se podría tramitar actualmente ese permiso que se pidió en el año sesenta y pico. Hemos constatado los hechos. No hemos sacado conclusiones, eso lo debe hacer el Ayuntamiento de Sant Josep. El Consell no le va a decirle al Ayuntamiento lo que debe hacer dentro de sus competencias urbanísticas. Le hemos dado la información que había y el Ayuntamiento ha tomado una decisión. En ese contexto consideramos que una salida es cambiar la ley y tomamos la iniciativa de plantear ese cambio normativo que no se aceptó.

—Es un cambio de ley que se critica que abriría la puerta a actuaciones por interés económico más que por seguridad o por problemas sociales como es este caso.

—Se puede criticar lo que se quiera. Esta ley existe en otros lugares y no ha pasado nada de esto. Es una ley que se puede redactar con los límites que se quiera, no vamos a condicionar la redacción de la ley. Se trata de una norma que está pensada para casos que afecten a la seguridad de las personas y sólo para consolidaciones estructurales. Con una cosa tan comedida, tan clara, tampoco va a poder aprovecharse de ella ningún infractor. Además que el Ayuntamiento controla esto. No creo que planteara problemas esta modificación como no los ha planteado en ningún sitio en el que se aplica.

—El informe del Consell considera que existe ruina del edificio, ¿es adecuado desalojar a los vecinos?

—El informe del Consell dice que los informes municipales establecen que existe un estado de ruina. El Consell nunca ha inspeccionado el edificio, ni lo va a hacer porque no es su competencia. Si los informes municipales dicen que existe un peligro estructural, hay que garantizar la seguridad de las personas. No criticaré que se desaloje a unas personas temporalmente si hay un peligro para su vida. Pero hay que decidir después qué se hace con la edificación y mientras tanto hay que ayudar a esas personas.

—Sant Josep aprobó esta semana una moción para pedir que el Consell actúe, ¿cómo actuarán?

—Nosotros lo que intentamos hacer entender a PSOE y Podemos es que, lo que los vecinos quieren no es lo que el equipo de gobierno de Sant Josep nos pide. El Pleno del Ayuntamiento nos pide que subsidiemos una parte de ayudas sociales y dos meses de estancia en unos apartamentos turísticos. También que cedamos un solar que no tenemos. Respecto a subsidiar, el Consell da cada año a Sant Josep 150.000 euros para ayudas sociales y además este año añadimos 160.000 euros más para dedicarlos a situaciones complicadas debidas a la COVID. Una parte de ese dinero debe ir a los Don Pepe. Pero, que se paguen unos meses de subsidio, no es lo que piden los vecinos. El PSOE y Podemos se equivocan en la solución. Hay que permitir que esta gente rehabilite sus viviendas con su dinero. Ellos ni piden dinero ni una casa, piden que se les deje rehabilitar. Si se decide que no se puede rehabilitar, se les debe dar una vivienda, porque al final, la culpa de lo que pasa es de la administración pública. Los vecinos no han dejado pudrirse el edificio, ellos quieren arreglarlo desde hace años. No es culpa del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep, no digo eso. Pero es culpa del Ayuntamiento que durante 60 años no ha resuelto una licencia que se pidió y se pagó. El Ayuntamiento no paró las obras y ha cobrado siempre el IBI, ese edificio no es un secreto. Es culpa de las administraciones públicas y por eso deben tener el gesto de priorizar la adjudicación de VPO a los vecinos perjudicados de los Don Pepe, algo que la ley permite.